Allan Madriz | EP. El diputado del Partido Frente Amplio, Edgardo Araya Sibaja, denunció que la empresa minera Industrias Infinito S.A. vendió cinco fincas, las cuales debería hacer frente al proceso de liquidación del daño ambiental que provocó el proyecto Crucitas, tal y como se determinó en la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo en el 2010.
Según manifiesta el legislador, las propiedades fueron vendidas por el apoderado generalísimo de la compañía a una empresa forestal por un monto de 445 mil dólares, cuando solo una de las fincas estaba valorada en 825 mil dólares.
“Infinito fue condenada a pagar por daños y perjuicios, pero el 6 de agosto pasado se declaró en quiebra en Canadá. Ahora, días antes de que se dicte la sentencia con el monto de ejecución, programada para el 25 de agosto, nos enteramos que están vendiendo sus fincas, por un precio mucho menor que el registrado”, indicó Araya Sibaja.
El diputado, quien fue uno de los abogados que llevó a juicio a la empresa minera, señala que si la compañía se retira del país, es al Estado costarricense al que le corresponderá pagar “de manera solidaria” el daño ambiental.
“En dos ocasiones le solicitamos al Tribunal Contencioso Administrativo que anotara las fincas de Industrias Infinito y no se hizo, tampoco se acogió la solicitud de embargo”, explicó el legislador.
Ante lo ocurrido, el despacho de Araya solicitó la intervención del Ministerio Público y la orden del Tribunal Contencioso Administrativo de suspender la inscripción de los traspasos de esas propiedades.
En el año 2010, el Tribunal Contencioso Administrativo anuló una concesión realizada por el Estado a la empresa minera (que le permitía extraer 800.000 onzas de oro de la mina Crucitas), por considerar que la misma fue otorgada bajo un procedimiento irregular.
Recientemente la empresa solicitó anular un proceso de arbitraje internacional que había iniciado contra el Estado costarricense ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), aduciendo un déficit capital en sus operaciones.
