El proceso de licitación para la modernización y administración de Puerto Caldera enfrenta una serie de cuestionamientos tras revelarse presuntas inconsistencias en la evaluación de las ofertas participantes, incluyendo documentación financiera ilegible, cambios de criterio en las calificaciones y posibles dudas sobre la legalidad de un consorcio empresarial que actualmente concentra operaciones portuarias en el país.
La controversia gira alrededor del consorcio Sunset, integrado por las empresas HGT Inversiones y APM Terminals, al que el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop) adjudicó el proceso pese a que parte de la información financiera presentada no podría ser verificada adecuadamente.
Según la denuncia expuesta públicamente, cerca de 75 folios incorporados dentro de la oferta financiera contienen documentos prácticamente imposibles de leer. Un análisis independiente habría concluido que aproximadamente un 60% de la documentación presentada resulta ilegible, pese a lo cual la propuesta continuó siendo considerada válida dentro del concurso.
La situación genera cuestionamientos debido a que, según se señala, no existe evidencia dentro del expediente de que el Incop solicitara aclaraciones o reposición de los documentos al consorcio participante.
Otro de los puntos señalados dentro de la denuncia corresponde al tratamiento recibido por el segundo competidor del proceso, la empresa ICTSI.
De acuerdo con la documentación cuestionada, inicialmente la compañía había obtenido una calificación favorable respecto a su relación deuda-patrimonio, cumpliendo aparentemente con los parámetros establecidos en el cartel de licitación.
Sin embargo, posteriormente se habría realizado un “recálculo del indicador financiero” luego de observaciones planteadas por el propio consorcio Sunset. Ese nuevo análisis terminó provocando la descalificación de ICTSI y dejó a Sunset como único oferente elegible dentro del concurso.
Las críticas apuntan a que dicho recálculo se habría realizado sin suficiente transparencia metodológica y sin un criterio técnico visible que justificara el cambio aplicado por las autoridades.
Además, se cuestiona que mientras a una empresa sí se le solicitaron aclaraciones y se le recalcularon parámetros financieros hasta excluirla, a la otra se le aceptó documentación que presuntamente no podía ser revisada de forma adecuada.
A todo lo anterior, se suman dudas sobre la propia composición del consorcio Sunset: HGT Inversiones figura actualmente como operador de Puerto Caldera, mientras que APM Terminals mantiene operaciones en la Terminal de Contenedores de Moín, uno de los principales puertos del Caribe costarricense.
La denuncia sostiene que ambas compañías ya poseen capacidad técnica, financiera y operativa suficiente para participar individualmente en la licitación, lo que abre interrogantes sobre la necesidad legal de conformar un consorcio conjunto.
De acuerdo con criterios previos de la Contraloría General de la República (CGR), los consorcios estarían permitidos principalmente en aquellos casos donde las empresas participantes no puedan cumplir por sí solas con los requisitos establecidos en el cartel.
Incluso, según el acuerdo firmado entre ambas compañías en octubre de 2025, las dos empresas reconocen expresamente cumplir individualmente con los requerimientos técnicos, financieros, ambientales y sociales exigidos para concursar.
Esta situación ya estaría siendo analizada por la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom), debido a eventuales preocupaciones relacionadas con concentración de mercado o posibles prácticas monopólicas.
