France24. – Tras mediaciones de distintos actores sobre el terreno, las comunidades de una vereda en el departamento de Guaviare, en el sur de Colombia, dejaron en libertad a los 33 militares que fueron retenidos a principios de esta semana, después de la operación en la que el Ejército mató a alias ‘Duamar’, uno de los jefes del Estado Mayor Central, la disidencia de las FARC más grande.
El caso pone en relieve una “gobernanza criminal” por parte de las disidencias sobre la población, señaló la defensora del pueblo, Iris Marín.
Las autoridades confirmaron que alrededor de 700 pobladores de El Retorno, municipio ubicado a cuatro horas de San José del Guaviare, la capital de ese departamento, permitieron la salida de los soldados, que permanecieron cautivos en la vereda Nueva York.
La defensora del pueblo, Iris Marín, confirmó la liberación en un mensaje en redes sociales.”En este momento se retiran los soldados de la vereda Nueva York del municipio El Retorno, en Guaviare”, expresó la funcionaria en un mensaje publicado en la red social X.
La liberación ocurrió después que una comisión del Gobierno y de organismos internacionales de derechos humanos se desplazara a la aldea para dialogar directamente con los lugareños y garantizar la liberación de los efectivos militares.
El secuestro múltiple se produjo en la misma zona rural donde el pasado domingo 24 de agosto fue abatido Willinton Vanegas Leyva, alias ‘Dumar’, uno de los principales jefes del Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las FARC, como parte de una operación contra la guerrilla liderada por Néstor Vera Fernández, alias ‘Iván Mordisco’.
Según el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, el criminal era responsable de consolidar corredores estratégicos del narcotráfico en los departamentos de Meta y Guaviare para fortalecer ese grupo guerrillero.
Pero, tras su muerte, se produjeron nuevos combates que dejaron otros diez disidentes muertos y, posteriormente, la comunidad retuvo a los 33 uniformados que ahora quedaron en libertad.
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El caso revela “gobernanza criminal” de las disidencias: defensora del pueblo
La defensora del pueblo destacó que el secuestro y las negociaciones para la liberación de los militares pone en relieve una “gobernanza criminal” por parte del grupo de las disidencias de las FARC, liderado por alias ‘Mordisco’, sobre la población.
La funcionaria señaló que la comunidad se mantiene supeditada al control del movimiento delictivo.
“Nosotros encontramos una comunidad sometida a una gobernanza criminal, que impone horarios, restringe el acceso a alimentos y medicinas, obliga a participar en reuniones y amenaza a quienes no obedecen. Pero también hallamos una población civil cansada de la violencia y con escasa presencia institucional”, explicó la defensora del pueblo.
De hecho, en el anuncio sobre la liberación de los militares, Marín hizo un llamado a “no estigmatizar a la comunidad, que ha sufrido en una zona de conflicto armado en la que se desarrollaron operativos militares en los últimos días”.
Previamente, el comandante de las Fuerzas Militares, el almirante Francisco Cubides, señaló a alias ‘Jimy’, otro cabecilla de esa estructura, como la sombra criminal detrás de la manipulación social.
El Ministerio de Defensa hizo mención a unos sucesos que no son aislados: desde 2021 se han registrado más de un centenar de levantamientos contra tropas militares en distintas regiones, lo que suele obstaculizar operaciones de este tipo y debilita la presencia estatal en zonas afectadas por el narcotráfico y la violencia armada.
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Escala la violencia en Colombia
En 2025, cuando Colombia se prepara para su año electoral, la violencia civil y política se ha agudizado notablemente.
El país atraviesa un escenario de deterioro de la seguridad pública, con el aumento de los homicidios y secuestros. Una oleada de violencia cuyas cifras oficiales sitúan en 7.796 asesinatos registrados entre enero y julio del presente año, un aumento del 4 %.
El año también fue escenario de un 12% más de atentados terroristas, con 728 hechos hasta julio. La cifra de uniformados asesinados superó el total de 2024, con 107 miembros muertos hasta el cierre de julio. El último de todos, en Cali, causó la muerte de al menos 20 personas y fue calificado por la prensa local como el peor desde 2019.
En cuanto a la violencia política, el año estuvo marcado por el asesinato de Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial, a manos de un menor de edad cuya sanción fue de 7 años.
Según cifras de la Misión de Observación Electoral (MOE), entre mayo de 2024 y mayo de 2025 se registraron 128 hechos de violencia contra líderes políticos, sociales y comunales.
