Allan Madriz | EP. La Defensoría de los Habitantes rechazó el aumento de las tarifas de combustibles, argumentando que el impacto del impuesto del valor agregado (IVA) en transporte no debe trasladarse a los consumidores finales.
Con respecto a la inclusión del IVA dentro del flete promedio para transportar los combustibles que se distribuyen en las estaciones de servicio, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), propuso aprobar un incremento de ¢1,19 por litro en el precio final al consumidor.
“En criterio de la Defensoría, la venta de combustibles al usuario final no puede estar gravada con IVA de forma directa ni indirecta, porque dicho producto ya está gravado con el impuesto único a los combustibles, creado en la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias y ello es reafirmado en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, señala la institución.
Por otra parte, la Defensoría también presentó esta semana ante la Aresep, su oposición al ajuste tarifario del 27% en el margen de comercialización por litro de combustible en estaciones de servicio, pretendido por las gasolineras o bombas de servicio.
“A pesar de que el margen de comercialización no se revisa desde hace seis años, la Defensoría considera que el incremento solicitado del 27% supera en más del doble la inflación interna para el mismo período, la cual es del 12%”, explicó la Defensoría .
Además advierte que la solicitud pretende reconocer rubros de costos no contemplados en la metodología vigente y una rentabilidad de 16% que la Defensoría considera fuera de toda proporción.
Solicitudes de aumento en tarifas eléctricas también son cuestionadas
En relación a una propuesta tarifaria que realiza la Aresep, de oficio, busca el traslado a las tarifas de distribución del pago del IVA sobre los bienes y servicios intermedios (sujetos al IVA) que utilizaron las empresas eléctricas de distribución en el segundo semestre de 2019, la Defensoría señala que se debe analizar la metodología vigente, de acuerdo a la nueva realidad tributaria.
La institución advirtió además que el procedimiento presentado en la audiencia adolece de deficiencias técnicas y no se ajusta al espíritu de la normativa del IVA contenida en la Ley 9.635.
“De esta forma, el ajuste tarifario propuesto por la Aresep se basa en supuestos y proyecciones que introducen un alto nivel de incertidumbre en cuanto a la pertinencia de los niveles tarifarios que tendrían que soportar los usuarios de la energía en el primer semestre de 2020”, afirma la institución.
Finalmente, la Defensoría sostiene que la propuesta de Aresep no está considerando la exención que estableció la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (Ley 9635) para el consumo eléctrico residencial menor o igual a 280 kWh mensuales.
