
Allan Madriz | EP. La Defensoría de los Habitantes solicitó a las instituciones correspondientes del Estado, agilizar una solución para la situación que viven las familias que fueron desalojadas de dos fincas ubicadas en la Zona Sur del país.
Según indicó la institución, los desalojos deben darse de manera excepcional y cuando se consideren justificados, además deben respetar los estándares internacionales de derechos humanos.
“Cuando los afectados por el desalojo no dispongan de recursos, el Estado Parte deberá adoptar todas las medidas necesarias, en la mayor medida que permitan sus recursos, para que se proporcione otra vivienda, reasentamiento o acceso a tierras productivas, según proceda”, indicó la Defensoría mediante un comunicado.
Asimismo indicaron que es importante que el Estado garantice la seguridad física de las personas desalojadas, así como los servicios básicos de alimentación, agua, entre otros.
La Defensoría informó que personal enviado por la institución logró corroborar que niños y niñas duermen a la intemperie, en las orillas de la carretera, sin acceso a servicios sanitarios y recibiendo alimentación de las donaciones de personas vecinas.
Las personas desalojadas indicaron que nunca recibieron información sobre el proceso administrativo y judicial, previo al desalojo, por lo cual la Defensoría hace un llamado a los autoridades a que se respeten y garanticen los derechos de las personas afectadas por esta situación.