Allan Madriz | EP. La Defensoría de los Habitantes manifestó su apoyo a la iniciativa para el bloqueo de la señal de celular en los centros penitenciarios, que se discute en la Asamblea Legislativa.
No obstante, el ente defensor señaló que se debe asegurar que las poblaciones aledañas no se vean afectadas en su derecho a la comunicación con la aplicación de esta medida.
La Defensoría indicó a través de una resolución, que es procedente legal y constitucionalmente la posibilidad de impedir la prestación de los servicios inalámbricos disponibles al público al interior de las cárceles del país.
Pero sugirió que se revise la modificación del artículo 67, inciso a, numeral 5) del expediente legislativo No.19.932, que excluye la obligación de los operadores telefónicos móviles de ofrecer el acceso al servicio a las personas en un radio de distancia a estas cárceles.
“Existe un derecho de las personas privadas de libertad de ejercer periódicamente su derecho de comunicación e información con sus familiares o con medios externos, no obstante, estos derechos pueden ser regulados por el Estado de tal forma que garanticen la seguridad pública, la prevención en la comisión de delitos, el orden y la disciplina interna de los centros penitenciarios…”, indicó el Defensor de los Habitantes en funciones, Juan Manuel Cordero.
El texto del proyecto de ley, que ya fue aprobado en primer debate en el Congreso, señala la modificación de varios artículos de la “Ley General de Telecomunicaciones”.
La propuesta incluye dentro de las obligaciones de los operadores, la adopción y la aplicación de procedimientos y soluciones técnicas, que impidan la prestación de servicios inalámbricos de telefonía dentro de los centros penales.
El proyecto en cuestión ha sido objetado por el Infocom, señalando que las poblaciones cercanas a los centros penitenciarios se verán afectadas con la implementación de este bloqueo de señal celular.
“Bloqueo de señal celular en cárceles afectaría a poblaciones aledañas, asegura Infocom”.
