George Rodríguez EP. Dirigentes de la no gubernamental Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) denunciaron en declaraciones conocidas este martes el agravamiento de la persecución antiopositora mediante la judicialización de manifestantes antigubernamentales a quienes se tipifica delitos tales como terrorismo y criminalidad organizada.
La comisión ha recibido, solamente en las pasadas dos semanas, unas 250 denuncias en el sentido de que personas quienes han participado en las masivas manifestaciones contra el gobierno del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, enmarcadas en la violenta crisis sociopolítica estallada en abril, enfrentan juicios por cargos que, además, incluyen extorsión, homicidio, secuestro, indicaron.
“Vemos; por ejemplo, a chavalos que nunca en su vida tomaron un arma acusados de terrorismo, médicos que su única acción en el marco de estas protestas ha sido atender heridos, comerciantes que han tenido trabajos honestos y campesinos que su único delito ha sido plantear una posición contraria al Gobierno”, señaló Denis Darce, integrante de la CPDH.
La cifra probablemente sea superior, ya que existe un número considerable de denuncias no formuladas así como un alto volumen de solicitudes de acompañamiento legal no presentadas a organizaciones defensoras de los derechos humanos, indicó Darce.
En el contexto de la judicialización de las masivas manifestaciones y otras expresiones populares de oposición, “estamos observando un comportamiento del Estado en el que prácticamente todas las instituciones se confabulan para criminalizar el derecho de los ciudadanos a protestar”, agregó.
Por su parte, Gonzalo Carrión, abogado del también no Gubernamental Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) aseguró que el carácter sin precedente de la represión antiopositora se refleja en el masivo éxodo de ciudadanos nicaragüenses hacia otros países, en procura de refugio.
“Hay muchas personas que la feroz persecución los quería cazar para imputarles cargos con acusaciones arbitrarias. Actualmente hay más de cien personas con juicios políticos que tenemos en las cárceles. Quienes han huido, lo hicieron porque defendían sus derechos”, señaló el jurista.
Según datos que la CPDH dio a conocer el 31 de julio, el número de manifestantes opositores acusados de haber cometido actos terroristas se ubicó entonces en casi doscientos.
A las 137 personas judicializadas desde el 23 de abril –fecha en que fue tramitada la primera acusación- hasta el 26 de julio, se sumaron las 48 acusadas en seis causas penales gestionadas solamente en el lapso del 27 al 30 de julio, lo que suma 185 acusaciones.
Las 48 más recientes detenciones en el período estudiado comenzaron 11 días después de aprobada la Ley de Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, lo que confirmó las advertencias iniciales en el sentido de que se trata de un instrumento facilitador de la criminalización de actividades de protesta opositora pacífica y del trabajo de los defensores de derechos humanos.
Estallada el 18 de abril, a causa de un fracasado decreto presidencial que incluía reformas al sistema de pensiones del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), la violenta crisis sociopolítica nicaragüense ha cobrado casi 450 vidas, además de haber generado más de 2000 heridos, detenidos, desaparecidos, así como fuerte daño a la economía nacional.
Retirado el decreto, la masiva protesta pasó a centrarse en la exigencia popular de que Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, renuncien a sus respectivos cargos, demanda que la pareja gobernante se ha negado a escuchar y a la que ha respondido con represión.
