El anuncio realizado por la presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, sobre un supuesto cambio en el cálculo del año carcelario terminó generando una contradicción pública dentro de su propio Gobierno, luego de que el ministro de Justicia, Gabriel Aguilar Vargas, reconociera que el sistema penitenciario costarricense ya utiliza un año de 360 días y que el decreto firmado no modifica esa realidad.
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Durante el acto de traspaso de poderes del pasado 8 de mayo, Fernández presentó como uno de sus primeros decretos ejecutivos una reforma relacionada con beneficios penitenciarios y cálculo de penas. En ese momento, la mandataria afirmó que “a partir de este momento el año carcelario será de 360 días naturales”, asegurando además que se acabarían las “alcahueterías” y las interpretaciones judiciales que, según dijo, reducían las condenas.
Sin embargo, este martes el ministro Gabriel Aguilar contradijo públicamente esa narrativa al admitir que el año penitenciario ya es de 360 días en Costa Rica y que el decreto firmado por la presidenta no “inventó” esa figura.
“Este decreto no viene a inventar que el año carcelario tiene 360 días. Eso ya existe”, declaró el jerarca en declaraciones divulgadas por Casa Presidencial.
De acuerdo con Aguilar, el decreto no cambia la duración del año carcelario, sino que busca limitar interpretaciones administrativas y endurecer requisitos para acceder a beneficios penitenciarios, como los regímenes de confianza y otras medidas de flexibilización de penas.
“El Código Penal es claro, el descuento de una pena de prisión se gana trabajando. Pero este trabajo tiene que ser real, con jornada, con registro y con supervisión. Durante años se ha permitido que actividades artísticas, literarias, artesanales, se tomen como si fueran un trabajo para descontar la pena. Eso se acabó. Una cárcel no es un motel. Aquellos privados de libertad que no deseen trabajar o estudiar bajo los nuevos controles, deberán cumplir su condena día por día, completando los 360 días del año carcelario”, explicó Aguilar.
El jerarca agregó que el tema estará sujeto a una “exhaustiva revisión”: “Las condenas son para cumplirse, con orden y con autoridad. No más beneficios regalados, no más portillos, no más alcahueterías”, concluyó.
