Elvis Martínez. | EP. La Comisión Nacional de Prevención de Riesgo y Atención de Emergencias (CNE) informó que únicamente seis funcionarios de los 146 que laboran en oficinas centrales se sumaron a la manifestación convocada por los sindicatos en rechazo al proyecto de ley 20.580 de reforma fiscal, impulsado por el gobierno y que avanza rápidamente en el Congreso.
A primera hora de este lunes miles de empleados públicos protestaron en la Avenida Segunda y en las principales ciudades y pueblos del país, una convocatoria masiva que incluyó el bloqueo momentáneo de algunas vías como la General Cañas.
La huelga nacional indefinida afectó los servicios públicos en hospitales, clínicas, Ebais, centros educativos públicos, el ICE, INS, Recope y Japdeva, entre otras entidades públicas.
Los sindicatos solicitan retirar el proyecto de ley de reforma fiscal e iniciar un diálogo donde se discutan sus planteamientos. Entre otras cosas, demandan revisar la evasión de impuesto por parte de grandes empresas, ya que en Costa Rica una de cada cuatro grandes empresas declara pérdidas o cero utilidades ante Tributación.
El presidente Carlos Alvarado calificó la huelga sindicalista como improcedente e injustificable. Reiteró que no negociará con los sindicatos mientras no se deponga la manifestación.
Este domingo durante la cadena nacional, Alvarado expresó que el proyecto de ley Fortalecimiento de las Finanzas Públicas es la única forma de evitar una inminente crisis.
“Hoy más que nunca, estoy convencido que la aprobación de este proyecto de ley por parte de la Asamblea Legislativa es la única forma de evitar una inminente crisis… Hoy su aprobación no sólo es necesaria, sino que también es urgente”, manifestó Alvarado.
Propuesta de los sindicatos
Una de las principales propuesta del gremio sindical es que se realice un trabajo exhaustivo de recaudación, debido a la evasión fiscal. También plantean un diálogo con diversos sectores. Proponen como una solución a la crisis fiscal:
- Establecer los principios de Renta Global y Renta Mundial.
- Revisar los privilegios y exoneraciones fiscales.
- Establecer un impuesto sobre grandes contribuyentes (de un 30% a un 36% solamente para empresas que tributan ¢250 millones o más, o con renta bruta de ¢40 mil millones o más).
- Una ejecución eficaz de la valoración aduanera.
- Un impuesto a las transacciones financieras internacionales (se propone el establecimiento de un recargo sobre los capitales provenientes del exterior cuya permanencia en el país sea menor a un año).
- Impuesto a las utilidades financieras del cobro usurero de tarjetas de crédito y otros
- Un contribución solidaria del sistema de exenciones para zonas francas.
- Ataque frontal a la evasión fiscal
