La Asociación Solidarista de Servidores Judiciales (ASOSEJUD) aprobó un crédito hipotecario por ₡128.150.891 a la magistrada y candidata a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, Patricia María Solano Castro.
La operación hipotecaria, revelada públicamente tras una investigación del abogado Juan Diego Castro, obliga a la deudora de 66 años a cancelar cuotas de ₡1.021.923 mensuales hasta el año 2055 con una tasa fija del 8,9 % anual.
El inmueble que respalda la transacción es una finca filial ubicada en Parrita, Puntarenas. El bien registra una compra en efectivo por $45.000 —aproximadamente ₡22,5 millones— formalizada en 2023.
La brecha entre el precio de adquisición y el monto prestado en julio de 2025 generó un indicador de riesgo del 582 %, cifra que supera el tope prudencial del 80 % establecido por la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF).
Ante un escenario de remate judicial, la organización solidarista recuperaría el 17,5 % del capital prestado, asumiendo una pérdida potencial superior a los ₡105 millones. El crédito operó sin la cobertura de una póliza de vida temporal por 30 años, producto inexistente en el mercado asegurador costarricense para una persona de 66 años por ese monto.
El Registro Nacional modificó recientemente el valor fiscal de la propiedad costera para igualarlo con exactitud a la cifra de la hipoteca. Durante el año previo a la constitución del gravamen, el pago de impuestos municipales recayó sobre la base de los ₡22,5 millones iniciales.
