George Rodríguez EP. La ex presidenta argentina y actual senadora opositora, Cristina Fernández, informó, mediante una carta que difundió este martes, que acepta que el Senado autorice el allanamiento de sus tres residencias, solicitados por el juez Claudio Bonadío, en el marco del proceso judicial, contra la centroizquierdista ex mandataria, por supuesta asociación ilícita.
La autorización de la Cámara Alta argentina es requerida, en virtud de la inmunidad parlamentaria de Fernández, quien asegura que el proceso en su contra constituye un acto de Persecución política por parte de del gobierno argentino presidido por el derechista Mauricio Macri.
“No tengo ningún inconveniente en que el cuerpo autorice lo solicitado por Bonadío”, escribió la legisladora, en el extenso texto, y aclaró que “esta decisión no implica convalidar la irracionalidad de las medidas dispuestas por Bonadío en su cruzada persecutoria contra mi persona, sino que tiene por principal objetivo terminar, de una vez por todas, con el show montado alrededor de estos allanamientos sin fundamentos”.
Fernández planteó que el organismo legislativo se asegure de que los allanamientos se enmarquen únicamente en la recolección de prueba, y que no sean usados con propósitos políticos ni mediáticos.
“El Senado de la Nación debe garantizar que las medidas que se lleven adelante sean sólo para cautelar prueba relacionada con el objeto de esta investigación y no para obtener imágenes o filmaciones sobre el interior de mis viviendas y de los objetos que forman parte de ellas, al efecto de su posterior difusión mediática con intencionalidad política”, señaló.
Para ello, es necesario que ciertas garantías sean cumplidas, tales como la ausencia de cámaras de televisión y fotográficas, la presencia de su defensa legal, que los afectivos policiales participantes en los allanamientos se abstengan de causar daño material a las viviendas.
La ex presidenta detalló la necesidad de que “no haya cámaras de televisión ni fotográficas, para evitar así la posterior difusión de imágenes en programas oficialistas con clara intención de humillación y hostigamiento hacia mi persona”.
En ese sentido, recordó que ha sido objeto de escuchas ilegales de conversaciones, material que fue difundido mediante programas de radio y televisión oficialistas y financiados con lo que describió como abundante pauta publicitaria estatal.
También señaló que, días atrás, denunció, con apoyo en material, audiovisual, la vigilancia de que es blanco por parte de agentes de inteligencia estatal.
Es necesario que durante los allanamientos “estén presentes mis abogados, al efecto de garantizar mi defensa y el control de legalidad” de esos procedimientos policiales, además de que “esté presente un senador o senadora, designados por mí, al efecto de garantizar lo que disponga y ordene este cuerpo”.
Asimismo, debe garantizarse que ningún objeto personal de valor sea llevado por el personal ejecutor de las operaciones en los inmuebles, indicó.
Fernández también planteó “que Bonadío no rompa nada y disponga que se utilicen los instrumentos técnicos necesarios con los que cuentan las fuerzas de seguridad y los organismos de inteligencia, para escanear paredes, divisiones y/o cielo rasos de durlock”, y precisó que “en esta solicitud no me moviliza sólo impedir el daño material que puedan llegar a ocasiona”.
La senadora aseguró que acciones como las emprendidas en su contra procuran evadir que la atención se centre en la crítica situación de la economía nacional.
“Así están las cosas en esta Argentina: todo vale con tal de no hablar y no mostrar lo que está pasando con la economía y la vida cotidiana de nuestros compatriotas”, aseguró antes de finalizar la carta.
La ex presidenta ha calificado el proceso que dirige Bonadío como “persecución judicial”, la que, según ha manifestado, está en marcha desde que Macri asumió la presidencia, en 2015, cuando la sucedió en el cargo.
El caso se refiere a una investigación periodística, llevada a cabo por el influyente diario argentino La Nación, respecto a la existencia de una presunta red de sobornos que habría operado durante el “kirchnerismo” –el período de los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007), esposo de Fernández, y de la ex mandataria (2007-2011, 2011-2015).
La investigación del periódico matutino de circulación nacional se enfocó en el supuesto pago de millones de dólares, en efectivo, por parte de empresarios, a jerarcas de ambas administraciones, a cambio de contratos de obra pública.
El proceso judicial es conducido por Bonadío, quien, según versiones periodísticas locales, ha planteado a allegados que su objetivo consiste en encarcelar a Fernández, mientras la ex presidenta ha señalado que se trata de persecución política.
El caso, conocido como de “los cuadernos de la corrupción”, se apoya sobre las anotaciones que un chofer gubernamental realizó en ocho cuadernos, durante el período 2005-2015, detallando los desplazamientos que realizó con ex jefes suyos para trasladar sacos llenos de dinero movilizado así para los denunciados pagos de “coimas” (sobornos).
Luego de su detención, el chofer, Oscar Centeno, expresó arrepentimiento por haber participado en esas acciones, por lo que se convirtió, de acusado, en colaborador de la justicia.
En el marco de la investigación judicial, además de Centeno, se ha detenido a una veintena de personas, tanto ex jerarcas gubernamentales kirchneristas como empresario y familiares de Macri.
Sin embargo, Alberto Fernández, quien fue jefe de Gabinete en el gobierno de la ex mandataria, denunció recientemente que aquellos de los detenidos quienes son allegados al actual gobierno fueron puestos en libertad, no así los ex funcionarios kirchneristas.
El ex jefe de Gabinete aludió específicamente, a manera de ejemplo, al empresario Mario Calcaterra, primo de Macri, uno de los involucrados en el caso, quien afirmó que funcionarios de los dos gobiernos anteriores le solicitaron dinero.
“Alguien me puede explicar cómo es que el primo Calcaterra siendo miembro de la asociación ilícita está libre y todos los demás (siguen) presos?”, preguntó.
