Tras los resultados de los comicios del pasado 4 de febrero Costa Rica sufre una ruptura social y una incertidumbre de grandes dimensiones. Si el futuro económico y social del país no estaba tan claro, ahora se torna oscuro, luego que Fabricio Alvarado, candidato del evangélico Partido Restauración Nacional (PRN) liderara las elecciones para una segunda ronda electoral con un 24,91%, seguido por Carlos Alvarado, candidato del oficialista partido Acción Ciudadana con un 21,6 %.
El candidato del PRN llega como abanderado del sector ultraconservador del país, opuesto a la garantía de derechos humanos en el caso de la población homosexual y al derecho a la educación sexual en las escuelas y colegios públicos.
Como resultado, esta coyuntura política interna está influyendo en gran medida en la percepción internacional que tienen los inversionistas del país y de cómo plantean sus proyectos económicos las pequeñas, medianas y grandes empresas domiciliadas.
En 2017 Costa Rica cerró con un déficit fiscal del 6,2%, según fuentes del Ministerio de Hacienda. Si este déficit sigue aumentando, y todo indica que así será, el país se podría encaminar a una suspensión de pago y como única solución tendría que acudir a un rescate económico. Costa Rica no forma parte de ninguna alianza de países como, por ejemplo, lo es la Unión Europea, por lo tanto, no tendrá más remedio que llamar a la puerta del Fondo Monetario Internacional (FMI) para su rescate económico.
Países de América Latina como Argentina han padecido este tipo de problema. Ante la crisis de 2001 ese país tuvo que recurrir al FMI para su rescate económico, pasando desde entonces por varias fases y ciclos de endeudamiento y desendeudamiento, provocando profundos cambios en las políticas económicas internas y crisis institucionales que afectaron de forma negativa a su población, de las cuales no han podido salir. Aún hoy se resienten. Y no es de extrañar, ya que para la “cooperación” el FMI exige unas condiciones draconianas que llevan a ejecutar los llamados corralitos bancarios, donde los ciudadanos solo pueden disponer de una parte de sus ahorros, recortes importantes en políticas sociales en sanidad, educación y obra pública, así como la eliminación de cientos de puestos de trabajo en las entidades estatales.
A lo anterior se suma la amenaza lanzada por el candidato de sacar a Costa Rica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), luego que ese organismo internacional emitiera una opinión consultiva a favor de la población LGBTi. El candidato propone someter a referéndum la salida de Costa Rica de la Corte CIDH, en un claro desconocimiento de los procedimientos legales y del Estado Derecho. Don Fabricio en nuestro país no existe referéndum consultivo; este mecanismo de consulta popular solo es válido para legislar y no para pedir la opinión de la población. Su propuesta es un atentado peligrosísimo al Estado de Derecho. Costa Rica por decisión soberana decidió aceptar la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Sala Constitucional ha reiterado de forma clara que en materia de Derechos Humanos prevalece lo que diga la Corte IDH.
¿Acaso pretende el candidato Fabricio Alvarado dejar al país desprotegido ante eventuales conflictos a nivel nacional e internacional? ¿A dónde recurrirán los costarricenses cuando vean amenazados y cercenados sus derechos? La amanaza de Fabricio Alvarado, no es a favor de la soberanía, sino una amenaza a la integridad de un Estado de derecho, una advertencia de que, ante su desconocimiento, a él le gustaría hacer lo que se le dé en gana ante la ausencia de un estamento superior que garantice y proteja a los ciudadanos.
Las elecciones del primero de abril son decisivas para el país y, de escoger adecuadamente al futuro Presidente, podrían intentar solucionar el gravísimo problema. Lo preocupante es que nuestro país se encuentra inmerso en una discusión que, lamentablemente, ha derivado hacia la violencia, unos a favor y otros en contra del matrimonio para personas del mismo sexo y en contra de la implementación de las guías de educación sexual en las escuelas y colegios, que se suma al debate innecesario porque en un Estado de derecho los Derechos Humanos no se discuten, se garantizan, obviando los graves y verdaderos problemas que tenemos como país.
Lo grave de esta situación es que estos temas han sido secuestrados por el candidato presidencial Fabricio Alvarado gran desconocedor de políticas económicas y sociales, quien apoyado por grupos cuestionables y fuerzas económicas de la misma línea ideológica, se han apoderado de la voluntad de la población costarricense más desprotegida, humilde y de baja escolaridad, dándole al candidato la posibilidad de conquistar la Presidencia de nuestro país.
Costa Rica es una democracia desde 1949, gracias a la cual los costarricenses hemos disfrutado de una paz social y una cierta prosperidad envidiable en comparación con el resto de países, tanto de Centroamérica como de Suramérica. Pero ante el panorama político social, esa paz, prosperidad y ejemplo en defensa de los derechos humanos que hasta ahora hemos gozado, se pueden terminar.
La inactividad hacia el desarrollo y la inexperiencia de este movimiento político surgido desde las congregaciones religiosas mal llamadas cristianas, generará más división entre los costarricenses y llevará a Costa Rica a un desastre económico de proporciones impredecibles”.
La coyuntura interna de Costa Rica, ante la posible elección de un partido político religioso, abanderado de ideas fascistas provocaría un desprestigio internacional, afectando a sectores económicos como los vinculados a la importación y exportación, a inversionistas nacionales y extranjeros, y especialmente al turismo, ya que a muchas personas no les gusta viajar a países con ideologías integristas y represivas como ha sucedido en los casos de Egipto y Turquía, por citar algunos de ellos. Antes de viajar, la embajada advierte al turista, si éste lo demanda, las condiciones políticas y de seguridad del país al que se desplaza.
Es decir, este tipo de gobiernos que están acostumbrados a implementar políticas sociales represivas a su población, negando derechos a un sector que no comulga con sus ideas, no solo generan incertidumbre, si no que alejan la inversión, provocando una desaceleración económica continua y quizá irreversible.
Desde este medio nos preguntamos si el resto de los principales líderes y partidos políticos, los grandes y pequeños empresarios, profesionales de todo tipo y población en general, están reflexionando adecuadamente sobre el despeñadero al cual se dirige Costa Rica ante la actual “tormenta perfecta”. No nos queda más opción que salir del atolladero, de la sinrazón antes que sea tarde, porque si erramos, lo podemos perder todo.
