George Rodríguez EP. Costa Rica está anuente a recibir las recomendaciones que le formule el internacional Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (SPT), dijo, este lunes, el canciller costarricense, Manuel Ventura.
El gobierno del país centroamericano respalda la labor del subcomité, aseguró Ventura, al dar la bienvenida a los integrantes del grupo, quienes iniciaron una de trabajo.
“Siéntanse en toda libertad de cumplir con su labor, y sírvanse hacer todas las recomendaciones que estimen convenientes para mejorar nuestro estatus en la protección de derechos humanos”, indicó Ventura, un ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La administración del presidente costarricense, Carlos Alvarado, respalda el trabajo que el comité lleva a cabo, indicó el ministro.
“Sobre todo, sientan el apoyo, del Gobierno de Costa Rica, a su labor”, aseguró Ventura.
En un comunicado que emitió el domingo, la cancillería de Costa Rica informó que el grupo de trabajo, creado según lo establecido en el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, recorrerá sitios de detención a nivel nacional.
El ministerio se abstuvo de proporcionar detalles de la visita, lo que explicó mencionando que ello obedeció a aspectos operativos establecidos en el protocolo.
“Las visitas del SPT se basan en el Principio de la Confidencialidad y, por tanto, no es posible divulgar los lugares que serán visitados”, precisó.
Cumplida su misión, el subcomité elaborará una serie de observaciones preliminares, para abordarlas con las autoridades costarricenses pertinentes, y, posteriormente, producir el informe definitivo de la visita, indicó el ministerio.
“Al final de cada visita, el Subcomité presenta sus observaciones preliminares para discutir con el Estado parte, las posibles vías de implementación de las recomendaciones que se le hagan. Luego de tres a seis meses, el SPT envía su informe definitivo, el cual nuestro país tiene derecho de hacer público e incluso puede hacerle observaciones dentro del plazo de seis meses de recibido”, explicó.
En el caso de Costa Rica, este país, tradicionalmente defensor de los derechos humanos, es uno de los mayores promotores de la convención, habiendo participado activamente en las negociaciones que resultaron en la creación de ese instrumento internacional, señaló la cancillería.
Aprobada el 10 de diciembre de 1984 por la asamblea General de las Naciones Unidas, la convención rige desde el 26 de junio de 1987, cuando reunió las veinte ratificaciones nacionales requeridas para ello, reemplazando a la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que el organismo mundial había aprobado el 9 de diciembre de 1975.
El primero de sus 37 artículos, distribuidos en tres Partes, el protocolo establece que su objetivo consiste en “establecer un sistema de visitas periódicas a cargo de órganos internacionales y nacionales independientes a los lugares en que se encuentren personas privadas de su libertad, con el fin de prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.
Para ello, determina la creación del subcomité.
“El Subcomité para la Prevención realizará su labor en el marco de la Carta de las Naciones Unidas y se guiará por los propósitos y principios enunciados en ella, así como por las normas de las Naciones Unidas relativas al trato de las personas privadas de su libertad”, para lo cual “se guiará por los principios de confidencialidad, imparcialidad, no selectividad, universalidad y objetividad”, según lo indicado en el segundo artículo.
En lo que se refiere a Costa Rica, la contraparte del subcomité es el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura (MNPT), adscrito a la Defensoría de los Habitantes.
