France24 Señalado por sus críticos de irrespetar la independencia de poderes, Chaves, un economista conservador de 64 años, ha gobernado desde 2022 en abierto enfrentamiento con la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía, la Asamblea Legislativa —mayoritariamente de oposición— y el Tribunal Electoral.
Sin embargo, el martes el conflicto de poderes subió de tono cuando la Corte Suprema de Justicia pidió al Congreso que levante la inmunidad del presidente para que enfrente cargos de delitos de corrupción señalados por la Fiscalía.
“La Corte sigue destruyendo la poca credibilidad que tiene, sigue construyéndose en una vergüenza nacional”, afirmó este miércoles Chaves en su conferencia de prensa semanal.
Esta es la primera vez en la historia del país centroamericano que el poder judicial pide quitar la inmunidad a un presidente, lo que el analista Felipe Alpízar, catedrático de la Universidad de Costa Rica, calificó como un “terremoto político”.
Chaves, exfuncionario del Banco Mundial, fue señalado por la Fiscalía de obligar a una empresa de servicios de comunicación contratada por la Presidencia a darle 32.000 dólares a su amigo y exasesor de imagen Federico Cruz.
Cruce de acusaciones
El fiscal atribuye al presidente el delito de “concusión” (abuso de poder de un funcionario para favorecer a alguien), que se castiga con penas de dos a ocho años de cárcel.
Según la Fiscalía, la contratación de la empresa para el mandato de Chaves de 2022 a 2026 se hizo con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) con un procedimiento “aparentemente” indebido.
Las autoridades judiciales y electorales también investigan al presidente por supuesto financiamiento irregular en su pasada campaña electoral y por interferir en la contienda para los próximos comicios, lo cual está prohibido por la legislación costarrricense.
Según Chaves, los magistrados están molestos porque “hay un presidente que no les debe favores, que no les guarda secretos y que no les permite hacer lo que les da la gana”.
¿Democracia en juego?
Magistrados de la Corte, diputados y otras autoridades del Estado critican lo que consideran una deriva autoritaria de Chaves y le piden respetar la independencia de poderes.
Costa Rica ha sido por décadas la democracia más estable de Centroamérica, una región sacudida en la segunda mitad del siglo pasado por cruentas guerras civiles.
“Lo que está en juego es la democracia costarricense tal como la conocemos”, dijo Alpízar, quien advirtió que, pese a la crisis política, “hay instituciones muy firmes”.
Chaves, admirador del presidente salvadoreño Nayib Bukele, ha dicho que espera que su partido obtenga en las próximas elecciones una mayoría calificada en el Congreso para reformar la Constitución y dar más poder al Ejecutivo.
Para Alpízar, esta crisis afectará el rumbo de la campaña porque puede convertirse en una especie de “referendo a favor o en contra de Chaves” sin que se debatan “los problemas de fondo” del país, como la creciente violencia criminal.
Aunque su perfil de líder populista de mano dura atrae simpatías en parte de la población, Chaves no puede aspirar a la reelección consecutiva, prohibida en Costa Rica, pero funcionarios cercanos no descartan que busque un escaño en la Asamblea Legislativa.
No obstante, para lanzar una candidatura a diputado deberá renunciar antes del 31 de julio y perdería su inmunidad automáticamente, lo cual lo dejaría al descubierto para ser procesado.
El pedido de la Corte sobre el despojo de la inmunidad debe primero ser debatido en comisión parlamentaria y luego por el Congreso en pleno.
