Por José Denis Cruz. Periodista nicaragüense exiliado en España. Miembro de la Asociación Centroamericana para la Democracia y el Desarrollo y coordinador de Casa Centroamérica en España.
La pregunta que suelen plantearme algunas personas es cómo Nicaragua llegó a convertirse en lo que es hoy: una dictadura familiar con Daniel Ortega y su mujer, Rosario Murillo, a la cabeza.
Yo suelo contestar que ningún país pasa de la democracia a la dictadura de la noche a la mañana, salvo que ocurra un golpe de Estado militar, como sucedió en buena parte de América Latina durante el siglo pasado. Los dictadores del siglo XXI han llegado al poder por las urnas, con amplio respaldo popular. En su camino van controlando los demás poderes del Estado: el Legislativo y el Judicial.
Pero antes empiezan por atacar el Cuarto Poder: los medios de comunicación y los periodistas independientes.
Así lo hizo Ortega apenas regresó a la Presidencia de Nicaragua, en enero de 2007. Desde la Secretaría de Comunicación y Ciudadanía, Murillo —una cosa más bien parecida a un Ministerio de Propaganda— asumió un papel determinante en el control de la comunicación oficial.
Los periodistas independientes comenzaron a ser señalados como adversarios. Los funcionarios públicos dejaron de atender a determinados medios. La publicidad estatal comenzó a utilizarse de manera discrecional. Y los medios afines al Gobierno adquirieron un peso cada vez mayor bajo la dirección de los propios hijos de Ortega y Murillo.
De modo que en mi país no ocurrió todo de golpe. Primero se desacredita al periodista. Después se le niega información. Luego se castiga al medio. Finalmente, la sociedad se acostumbra a que el poder determine qué medio es bueno o malo, según su propia narrativa.
La situación de la prensa independiente de Nicaragua terminó como muchos sabemos. Prácticamente no existen medios independientes dentro del país. Las principales redacciones trabajan desde el exilio, después de años de persecución, cierre, confiscación y encarcelamiento de periodistas.
Hoy en día, Nicaragua está entre los países con peor libertad de prensa del mundo y es, según Reporteros Sin Fronteras (RSF), el país más represivo de América para ejercer el periodismo.
Toda esa situación hacía que los periodistas nicaragüenses miráramos con envidia la cultura democrática de los costarricenses. No solo la alternancia cívica del poder, sino además el respeto hacia el periodismo independiente.
No obstante, en los últimos cinco años, Costa Rica ha dado señales de un retroceso democrático. Ha descendido en la clasificación global de libertad de prensa de RSF, pasando del puesto 5 en 2022 al 38 en 2026.
Este panorama se explica porque se registra un aumento sostenido de vulneraciones a la libertad de prensa y el expresidente Rodrigo Chaves restringió (2022-2026) el acceso a la información pública durante su mandato.
Su sucesora, Laura Fernández, parece mantenerse en la misma línea. Y eso debe preocupar a los costarricenses.
Un informe del Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información de la Universidad de Costa Rica y la Fundación Heinrich Böll, que analiza los hechos registrados entre octubre de 2024 y octubre de 2025, confirma la consolidación del estilo confrontativo del Poder Ejecutivo hacia la prensa. El documento también advierte del desplazamiento de la estigmatización discursiva hacia formas más complejas de presión institucional.
No pretendo ser alarmista ni comparar Nicaragua con Costa Rica.
El país vecino mantiene elecciones libres, instituciones democráticas, una sociedad civil activa y medios independientes. No estamos ante una dictadura ni ante un régimen cerrado. Sin embargo, conviene prestar atención a lo que está ocurriendo.
El hecho más reciente es un proyecto de reforma a la Ley de Radio y Televisión que, según la prensa costarricense, podría sacar de la televisión abierta a varios canales.
Teletica alertó que la medida busca establecer un gravamen anual de hasta el 7,73 % sobre los ingresos brutos por el uso de frecuencias para prestar servicios de televisión abierta. La cadena dice estar de acuerdo con la actualización del canon que pagan los concesionarios por el uso de frecuencias de radio y televisión al Estado, pero advierte que la reforma, tal como está planteada, generaría graves consecuencias para su funcionamiento y podría llevarla al cierre.
Lo preocupante no es únicamente el monto del gravamen ni la discusión sobre cuánto deben pagar las empresas por utilizar un bien público. Ese debate, por sí mismo, es legítimo. El Estado claramente tiene derecho a regular el espectro radioeléctrico y actualizar los cánones que pagan quienes lo utilizan.
Esta reforma alarma cuando puede poner en riesgo la supervivencia económica de medios de comunicación que cumplen una función esencial en cualquier democracia: informar, investigar y fiscalizar al poder.
En ese sentido, hay que recordar que el control de la prensa no siempre adopta la forma de una prohibición explícita. En Nicaragua no comenzó así. Para que se confiscara el primer medio de comunicación pasaron más de diez años.
Una de las primeras medidas de la dictadura nicaragüense fue asfixiar económicamente a los medios de comunicación. En Venezuela ocurrió algo similar durante los gobiernos del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013). En 2004, Chávez impulsó la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, que establecía multas elevadas para las cadenas de televisión.
En el caso de Costa Rica, la medida se anuncia en un momento en que la confrontación entre el poder político y la prensa ha escalado. El periodismo independiente se ha convertido en una voz incómoda para el Gobierno de Fernández.
No digo que su Ejecutivo esté replicando el modelo de Ortega y Murillo. Sería una comparación injusta. Solo quiero poner de relieve algunos hechos que atentan contra la democracia.
Muchos de mis amigos y colegas periodistas están viviendo en Costa Rica. Pueden contarles cómo Ortega y Murillo aniquilaron al periodismo independiente y cómo los ataques de los primeros años del gobierno sandinista se convirtieron en una alerta temprana del deterioro democrático al que nos abocamos hace casi dos décadas.
Los costarricenses tienen margen para actuar y frenar al Gobierno en su ofensiva contra la prensa.
Aún cuentan con instituciones capaces de poner límites al poder y pueden salir a las calles a defender un bien necesario como es la prensa libre. Está en sus manos que Costa Rica siga siendo el faro que ha sido para la región cuando los demás países han estado envueltos en guerras y autoritarismos.
Proteger a la prensa independiente es proteger la democracia.
