George Rodríguez EP. Costa Rica apoya decididamente el proceso, en el marco del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), conducente a la aplicación, a Nicaragua, de la Carta Democrática Interamericana, informó este, miércoles, la cancillería costarricense.
“Respecto a la próxima reunión del Consejo Permanente (…) para analizar la situación en Nicaragua y la ruta para una activación del Artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, la Cancillería reiteró el pleno respaldo a dicho proceso”, indicó el ministerio, en un comunicado.
Respecto a la violenta crisis sociopolítica que hace más de ocho meses golpea a ese país centroamericano, Costa Rica ha exhortado al diálogo para restablecer el orden institucional nicaragüense, planteó.
“Costa Rica ha mantenido su firme llamado a garantizar el pleno respeto de los derechos humanos en Nicaragua, la reapertura del diálogo para restablecer la paz, el entendimiento, proteger la integridad del sistema democrático y promover la normalización de la institucionalidad en ese país”, preció la cancillería.
El ministerio aludió así al diálogo que, mediado por la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), fue instalado a mediados de mayos –aproximadamente un mes después de estallada la crisis-, pero fue suspendida semanas después, a causa de las intransigentes posiciones de los actores centrales –gobierno y oposición-.
“Costa Rica, que ha deplorado ‘la escalada represiva’ en Nicaragua, se mantiene activa en el Grupo de Trabajo sobre Nicaragua (creado por el Consejo) y en permanente consulta con otras naciones de la OEA”, indicó, asimismo, la cancillería.
El comunicado fue emitido dos días antes de la sesión extraordinaria a la que fue convocado el Consejo Permanente, para continuar abordando la dramática situación nicaragüense.
La reunión fue solicitada, a la presidencia del consejo –actualmente ejercida por El Salvador-, por el secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, pedido formalizado un día después de que ese organismo abordó la situación nicaragüense.
Durante esa Sesión Especial, llevada a cabo el 27 de diciembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó, al consejo, el documento que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (Giei) titulado “NICARAGUA Informe sobre los hechos de violencia ocurridos entre el 18 de abril y el 30 de mayo de 2018” -cuyo contenido incluye la denuncia de comisión de crímenes de lesa humanidad en ese país, en el marco de la violenta crisis-.
El Giei y el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) son los dos equipos de trabajo con los cuales contaba la CIDH, en el país, pero fueron expulsados, el 19 de diciembre, por la cancillería nicaragüense, la que, simultáneamente, decidió suspender las visitas de la CIDH, ese país.
La dramática situación estalló el 18 de abril, a causa de un decreto presidencial que apuntaba a reformar el sistema de pensiones del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), modificaciones que eran perjudiciales para el sistema y sus afiliados.
El retiro, días después, del impopular decreto, determinó que la masiva protesta popular en desarrollo se enfocase en la actual exigencia de que el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, renuncien a sus respectivos cargos, pero la respuesta del régimen ha consistido en intensificar la represión, acciones que han cobrado centenares de vidas, y generado miles de heridos, detenidos y desaparecidos.
La crisis también ha causado daño considerable a la economía nacional, lo que, según diversos cálculos, incluye el cierre de un alto número de medianas y pequeñas empresas, y la consecuente pérdida de ciento de miles de empleos.
Asimismo, ha determinado que, a causa de las sostenidas violaciones a los derechos humanos, miles de nicaragüenses emigren, principalmente hacia la limítrofe Costa Rica -donde más de veinte mil personas han solicitado refugio-.
