George Rodríguez EP. Costa Rica alojará, la semana próxima, la tercera reunión del Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela (GIC), informó, la mañana de este jueves, la cancillería costarricense.
El encuentro del bloque birregional americano-europeo se llevará a cabo los días 6 y 7 de mayo, indicó el ministerio, en un comunicado.
La inauguración está programada para llevarse a cabo la noche del 6, con participación del presidente costarricense, Carlos Alvarado, y la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidenta de la Comisión Europea, la italiana Federica Mogherini.
La actividad está programada para llevarse a cabo en la Casa Amarilla, la sede de la cancillería costarricense, en el centro de San José, la capital nacional.
La reunión plenaria del grupo, a realizarse al día siguiente, tiene como escenario la sede del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), en la localidad de Coronado, en las afueras de San José.
El encuentro finalizará con la realización de una conferencia de prensa, en el IICA.
La cancillería indicó, en el comunicado, que, “como país de paz y democracia desarmada, privilegiamos los mecanismos de solución pacífica de los conflictos, la diplomacia, las herramientas del derecho internacional y el multilateralismo”.
El ministerio aludió así al hecho de que el país centroamericano abolió, hace siete décadas, su ejército, y a la tradición democrática que esta nación mantiene.
Citado en el texto de seis párrafos, el canciller costarricense, Manuel Ventura, expresó que “para el Gobierno de Costa Rica, la reunión en San José, representa un reconocimiento de su liderazgo y los esfuerzos diplomáticos realizados en la búsqueda de una salida política a la crisis en Venezuela”.
Integrado por ocho países europeos -Alemania, España, Francia, Holanda, Italia, Portugal, Reino Unido, y Suecia- y cinco latinoamericanos -Bolivia, Costa Rica, Ecuador, México, y Uruguay-, el grupo birregional ha desarrollado, hasta ahora, dos reuniones, respectivamente en Montevideo, la capital de Uruguay, el 7 de febrero, y en Quito, la capital de Ecuador, el 28 de marzo.
Al cierre del encuentro en Quito, el GIC emitió una declaración de 13 puntos en la cual, entre otros temas, planteó la elaboración de una hoja de ruta que conduzca a la realización, en Venezuela, de una nueva elección presidencial, y señaló que ello debe incluir la reestructuración de instituciones tales como el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Al reafirmar la posición de que la solución a la crisis venezolana pasa por un proceso electoral democrático, ceñido a los estándares internacionales en la materia, indicó que “la realización de dicho proceso electoral hacia nuevas elecciones presidenciales debería incluir un acuerdo entre todos los actores relevantes, sobre la base de una hoja de ruta acordada”.
Ese instrumento debe contener cuatro componentes clave para garantizar que el proceso sea transparente, de acuerdo con la declaración de dos páginas.
Se trata de “la reinstitucionalización de las instituciones clave del Estado, incluyendo el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Superior de Justicia y las instituciones del poder ciudadano”, así como “la constitución de garantías para que todos los posibles candidatos y partidos políticos puedan participar”.
También se debe tener en cuenta a nuevos electores, así como a la diáspora venezolana establecida en numerosos países, señalaron los firmante del texto.
El GIC decidió, entonces, llevar a cabo, en Costa Rica, su tercera reunión.
La declaración emitida en Quito fue acordada por los ocho países europeos, y tres de los cinco latinoamericanos -Costa Rica, Ecuador, y Uruguay-, sin la adhesión de Bolivia y México.
Dos de los miembros del GIC -Costa Rica y México- también son parte del Grupo de Lima, bloque americano que integran junto con Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Granada, Guatemala, Honduras, Jamaica, Panamá, Paraguay, y Perú.
El Grupo de Lima toma su nombre de la capital de Perú, ciudad en la que fue creado, el 8 de agosto de 2017, para dar seguimiento, y buscar solución pacífica, a la crisis venezolana.
Esa dramática situación humanitaria, política, y de seguridad ha generado el éxodo que, de acuerdo con diversos cálculos, han emprendido alrededor de 3.7 millones de personas quienes, vía terrestre, se han desplazado a países sudamericanos tales como los limítrofes Brasil y Colombia, lo mismo que a Ecuador y Perú, y, en menor grado, a otras naciones del área.
Además de la represión antiopositora por parte del régimen madurista, los migrantes denuncian, entre otros factores causantes del éxodo, la masiva escasez de alimentos básicos y medicinas, el marcadamente bajo poder adquisitivo de los salarios, la constante violación de los derechos humanos, y la generalizada falta de oportunidades.
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