La Corte Suprema de Justicia de Costa Rica decidió este lunes ampliar por tres meses más la suspensión del director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Rándall Zúñiga López, medida que se mantiene desde finales de octubre de 2025 en el marco de las indagaciones que se siguen en su contra por múltiples denuncias por delitos de naturaleza sexual, incluidas acusaciones de violación.
La decisión fue tomada en una sesión ordinaria de Corte Plena, en la que 13 magistradas y magistrados votaron a favor de mantener la suspensión por tres meses adicionales, mientras que un grupo minoritario —ocho miembros— había planteado que un plazo menor podría ser suficiente para el desarrollo de la investigación.
La Corte Plena fundamentó su determinación en la necesidad de que el Tribunal de la Inspección Judicial, órgano disciplinario del Poder Judicial encargado del proceso administrativo contra Zúñiga, pueda continuar de manera “objetiva, independiente e integral” con la recopilación de evidencia y la realización de diligencias, en respeto del debido proceso.
Según el Poder Judicial, la suspensión del jerarca del OIJ tiene como objetivo principal evitar cualquier interferencia o afectación al curso de la investigación, y al mismo tiempo garantizar el funcionamiento normal de la Policía Judicial, cuyas operaciones rutinarias —allanamientos, detenciones y otras acciones investigativas— se mantienen bajo la dirección interina del subdirector, Michael Soto.
La primera medida de suspensión contra Zúñiga fue adoptada el 30 de octubre de 2025, inicialmente por un periodo de 15 días hábiles con goce de salario, tras la presentación de varias denuncias en su contra por presuntas violaciones y otros delitos sexuales. En ese momento, la Fiscalía Adjunta de Género y el Tribunal de Inspección Judicial abrieron investigaciones paralelas para esclarecer los hechos.
Dicha suspensión fue ampliada posteriormente el 18 de noviembre de 2025 por un periodo de tres meses, medida que luego dio paso a la extensión adoptada esta semana tras el vencimiento de ese plazo anterior.
El caso ha generado atención pública y mediática desde su inicio, no solo por la naturaleza de las denuncias, sino también por la responsabilidad institucional que representa la dirección del OIJ —el principal cuerpo de investigación criminal del país— en los sistemas de justicia penal y seguridad ciudadana.
Zúñiga ha rechazado las acusaciones y defendido su inocencia, señalando en reiteradas ocasiones que colabora con las autoridades y aboga por un esclarecimiento rápido de los hechos.
En entrevistas y declaraciones, el director suspendido ha señalado que consideró “oportuno y apropiado” su separación temporal del cargo para permitir que las investigaciones sigan su curso, enfatizando la importancia de respetar la presunción de inocencia y de aportar pruebas de descargo cuando corresponda.
Con la medida cautelar extendida por tres meses más, el Tribunal de Inspección Judicial dispondrá de tiempo adicional para recolectar pruebas, entrevistar a las partes implicadas y analizar en profundidad los elementos que integran el expediente disciplinario de Zúñiga. Una vez concluida esta fase, el tribunal elevará sus conclusiones a la Corte Plena, que tendrá la responsabilidad de votar sobre la eventual reinstalación, separación definitiva o cualquier otra resolución que conforme al derecho corresponda.
Mientras tanto, el director suspendido sigue colaborando con las investigaciones y reserva su derecho a ejercer su defensa conforme al debido proceso legal, con el acompañamiento de su equipo jurídico.
