La Presidencia de la Corte Suprema de Justicia califica el hecho como una “grave afrenta” al sistema democrático; gremios señalan que la exposición pública de funcionarios ha escalado el riesgo para los juzgadores.
El Poder Judicial de Costa Rica cerró filas este fin de semana tras la violenta agresión sufrida por la jueza de Ejecución de la Pena, Kattia Carballo, el pasado viernes 17 de abril en la provincia de Heredia.
Mediante un comunicado oficial, el magistrado presidente, Orlando Aguirre Gómez, condenó enérgicamente los hechos, calificándolos como un atentado directo contra la independencia judicial”.
“Agredir a una jueza por desacuerdo con sus resoluciones constituye una grave afrenta, no solo contra su integridad personal, sino también contra el sistema de justicia en su conjunto”, reza el comunicado emitido por la Presidencia de la Corte.
Los hechos y el entorno de violenciaLa jueza Carballo fue víctima de un ataque físico por parte de un sujeto que, según los reportes preliminares, habría utilizado incluso a un perro para intimidarla antes de golpearla con los puños y “restregarla contra el suelo”, según el relato de la propia funcionaria compartido por sus abogados.
El sospechoso ya fue detenido por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y se mantiene a la espera de medidas cautelares.Este incidente no ocurre de forma aislada.
La Asociación Costarricense de la Judicatura (ACOJUD) ha sido contundente al señalar que el ataque se da en un contexto de “exposición burlesca y denigrante” desde la Presidencia de la República hacia los funcionarios judiciales.
Según el gremio, el discurso de confrontación ha generado un clima donde los ciudadanos se sienten con la licencia de agredir a quienes aplican la ley.
Indignación nacional y llamado al respeto.
El Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica también se sumó al rechazo nacional, exigiendo una investigación pronta y severa.
En el seno del Poder Judicial, el mensaje es claro: la justicia no se intimida.”Costa Rica no merece quedar atrapada en una espiral de violencia y confrontación”, puntualizó el magistrado Aguirre, haciendo un llamado a la unidad nacional y al respeto institucional para evitar que el miedo doblegue a los responsables de aplicar la ley con firmeza.
La audiencia para definir la situación jurídica del agresor está programada para este lunes en el Juzgado Penal de Heredia, en lo que se considera un caso “testigo” sobre la protección que el Estado brinda a sus jueces frente a la violencia civil y política.
Alonso Mejía.
