Costa Rica es el único país de América Latina que prohíbe esa práctica de reproducción asistida.
El doctor Gerardo Trejos (qdep) libró en los últimos 11 años una lucha contra el Estado costarricense por haber prohibido la Fecundación in vitro luego del fallo de la Sala Constitucional en el 2000. La negativa del Estado costarricense obligó a Trejos a llevar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),organismo internacional que en el 2010 falló a favor de las nueve parejas que representaba.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que con la prohición el Estado costarricense afectó el derecho a la salud de las víctimas y que en los casos de las parejas que no podían tratar la infertilidad a través de otro método, representó una supresión de la identidad y de la autonomía personal para decidir tener hijos biológicos y desarrollar su proyecto de vida.
La CIDH había dado varias prórrogas a Costa Rica para que promulgara una ley que reactivara la Fecundación In Vitro. El Poder Ejecutivo presentó un plan en octubre del año anterior –ampliamente criticado– y los diputados intentaron elaborar uno nuevo; pero curiosamente, ninguno de los proyectos llegó hasta el plenario legislativo.
Por ello, el proceso continúa y el próximo 5 y 6 de setiembre la CIDH iniciará las audiencias para escuchar los alegatos del Estado y de los denunciantes.
Además del plantón, las organizaciones de derechos humanos han hecho un llamado a la ciudadanía a firmar en internet la petición para que el Estado levante la prohibición de la Fecundación In Vitro.
En esa petición las organizaciones señalan que el gobierno ha recurrido a principios conservadores y fundamentalistas de la vida y la familia para negarle el derecho a las personas de utilizar asistencia para procrear y así constituir una familia.
“Es de vital importancia que un organismo internacional como la Corte Interamericana de Derechos Humanos establezca jurisprudencia para garantizar de manera efectiva el avance de los Derechos Humanos en América Latina, en particular el cumplimiento del art. 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y que el Estado costarricense implemente una ley que restituya la FIV y garantice el respeto a los derechos humanos.”, indican.
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