Allan Madriz | EP. Un oficio de la Contraloría General de la República (CGR) enviado a la Asamblea Legislativa, pide a los diputados valorar la situación fiscal que atraviesa el país a la hora de aprobar el proyecto del empréstito por $500 millones con el BCIE para el financiamiento del Tren Rápido de Pasajeros (TRP).
El Congreso solicitó a la CGR su opinión sobre el proyecto 21.958 para la aprobación del empréstito del Proyecto de Tren Eléctrico de Pasajeros, por lo cual la Contraloría recordó que las finanzas del país han sufrido un deterioro progresivo e importante durante el periodo 2009-2019.
“… es importante que la Asamblea Legislativa considere los posibles efectos fiscales del préstamo en análisis, así como de todas aquellas erogaciones por parte del Estado que se establezcan en etapas posteriores del Proyecto TRP, por ejemplo los pagos que el Estado haría al concesionario como subsidio en la fase de explotación en caso de ser requerido por el comportamiento de la demanda, lo anterior desde una perspectiva global de corto, mediano y largo plazo y bajo el citado contexto en el que se enmarcan las finanzas públicas”, afirma la CGR.
Por este motivo, el ente contralor señala necesario conocer el plan de endeudamiento del gobierno, considerando los nuevos empréstitos que están siendo tramitados y negociados, y así poder evaluar un posible escenario de los efectos que esto podría provocar.
Asimismo señala que el proyecto del TRP requerirá de aportes estatales adicionales para financiar parte de los gastos de operación, aportes que estarán en función de la demanda del servicio y de la distribución de riesgos que se determine.
“Así las cosas, al margen del contrato de crédito en discusión, resulta importante no sólo contar con escenarios que permitan cuantificar los montos adicionales que el Estado deberá aportar al proyecto del TRP (CAPEX y OPEX), sino también identificar la fuente de ingresos que los financiará, dada la situación fiscal que afronta el país, tal como se mencionó en el punto anterior”, agrega el oficio de la CGR.
Para la Contraloría, en el texto del proyecto no se incluye un análisis integral que contemple los riesgos financieros asociados, estimaciones de los aportes adicionales del Estado, así como la capacidad Estatal para cubrir obligaciones futuras.
Además, agrega que se debe valorar en la propuesta un análisis del proyecto de ley en las nueva normalidad “Post COVID-19”, donde se incluyan factores como hábitos de consumo, teletrabajo y actualización del comportamiento del tránsito.
Finalmente, para la Contraloría se deben determinar específicamente funciones de control y fiscalización.
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