Aarón Chinchilla EP. | Los diputados de la República aprobaron un proyecto de ley que protege a la mujer en casos de violencia obstétrica y además, castiga a los funcionarios que regañen, maltraten o tengan un conductas inadecuadas hacia las mujeres embarazadas.
Con 41 votos y de forma unánime, los legisladores dieron trámite afirmativo, en primer debate, al expediente 21.062 que busca reformar el artículo 12 de la Ley General de Salud, el cual tiene como propósito proteger a la mujer embarazada, antes, durante y después del parto.
En detalle, la modificación a la ley contempla que toda madre gestante tiene derecho a los servicios de información materno-infantil, al control médico durante su embarazo; a la atención médica del parto y a recibir alimentos para completar su dieta, o la del niño, durante el periodo de lactancia. Asimismo, se reconoce y garantiza la protección de las mujeres en estado de embarazo, cuando sean sometidas a procedimientos ginecológicos, antes, durante y después del parto, mediante una atención médica y administrativa integral, oportuna y respetuosa de su condición.
Para tales efectos, la atención de las mujeres en estado de embarazo debe ser equitativa, preventiva, precoz, periódica y con enfoque de riesgo, sin someterlas a ninguna forma de violencia gineco-obstétrica, según las definiciones y modalidades que se establezcan mediante reglamento.
En la misma línea, el proyecto señala que antes, durante y después del embarazo, toda mujer tiene derecho a ser tratada de manera cordial y respetuosa por parte de los funcionarios del centro médico, recibir atención oportuna y personalizada, además de claridad sobre los distintos tratamientos, diagnósticos, pronósticos o intervenciones médicas posibles.
Igualmente, se garantiza el derecho a dar a luz de manera natural (siempre y cuando no exista riesgo para la madre o para el niño o niña por nacer), que se respete el proceso o ciclo natural del parto de bajo riesgo, mantener el apego posparto con el niño o niña (salvo determinación médica justificada), recibir información clara sobre su condición y los beneficios de la lactancia materna y estar acompañada durante el parto y post parto por una persona designada por ella.
De acuerdo al texto, la lesión injustificada de alguno de los anteriores derechos y en general el sometimiento contra la mujer embarazada de cualquier forma de violencia gineco-obstétrica, se considerará falta en el desempeño del cargo, que será sancionada de conformidad con la legislación vigente.
Si este proyecto contribuye a lograr una mejora en la atención de las mujeres y de los niños y niñas, me sentiré altamente satisfecha, precisó la liberacionista Aida María Montiel, proponente del proyecto.
Según datos de la última Encuesta de Mujer, Niñez y Adolescencia del 2018, realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), Ministerio de Salud y UNIFEC, el 98% de los partos en Costa Rica, se atendieron en los centros de salud públicos y privados, correspondiendo un 94% a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Además, la encuesta señala que un 58% de las mujeres que tuvieron un bebé sufrió algún grado de violencia obstétrica. De este modo, al 35% no se les consultó para aplicarles procedimientos o darles medicamentos, a un 19% no le dieron explicaciones comprensibles, a un 12% le gritaron o regañaron, a un 10% le hicieron comentarios despectivos, un 9% no tuvo el apoyo necesario y adecuado y un 2% fueron agredidas físicamente.
