George Rodríguez EP. La legisladora estadounidense Norma Torres se declaró este martes fuertemente impresionada por la decisión del gobierno de Guatemala de desobedecer a la Corte de Constitucionalidad (CC) de ese país centroamericano, y dijo que esa administración es un régimen criminal.
Se trata de un ataque a la democracia, y necesita una enérgica respuesta de parte del gobierno de Estados Unidos, aseguró Torres, representante por el opositor Partido Demócrata, nacida en la sureña ciudad guatemalteca de Escuintla y naturalizada estadounidense.
Entretanto, la Asociación de Estudiante Universitarios (AEU) informó que estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) proyectan una manifestación, para el jueves, en la capital de ese país centroamericano, en protesta contra el gobierno.
“Estoy horrorizada por la decisión del Presidente de Guatemala, Jimmy Morales, de desobedecer las órdenes de las más alta corte del país. Ya no puede haber ningún duda: este es un régimen criminal que hará lo que sea necesario para protegerse”, escribió la legisladora, en el primero de dos mensajes consecutivos en la red social Twitter.
Además, Torres exhortó al gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, a manifestarse, en términos fuertes, al respecto.
“Llamo a la administración Trump a que envíe una respuesta fuerte a este ataque, el más reciente, a la democracia y al Estados de Derecho en nuestro hemisferio”, indicó, en el segundo texto.
La congresista aludió así a la decisión del gobierno de Morales de mantener la prohibición del regreso, a Guatemala, del jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), el colombiano Iván Velásquez –quien se encuentra en Estados Unidos-, no obstante la resolución, en contrario, emitida esta semana por la CC.
Entretanto, en la capital guatemalteca, la AEU informó, también este martes, que estudiantes de la Usac tienen programado realizar, el jueves, una manifestación de repudio a la administración de Morales.
“Jimmy nos saliste caro” es la consigna central de la marcha, que será reproducida en otras ciudades guatemaltecas.
La consigna parafrasea lo expresado, el 13 de este mes, por Morales, en el sentido de que la Usac “es una universidad carísima a la que se le asigna el cinco por ciento del presupuesto ordinario, o sea que, cada estudiante le sale carísimo al pueblo de Guatemala”.
La declaración, sumada a la decisión gubernamental de no renovar el mandato de la Cicig y de no permitir el regreso de Velásquez, han determinado que la comunidad universitaria y pobladores del interior guatemalteco hayan declarado a Morales como “non grato”, declaración extensiva a su vicepresidente, Jafeth Cabrera.
Respecto a Velásquez, la CC instruyó, la noche del 16 de este mes, a Morales, “permitir el ingreso al territorio nacional del comisionado”-a quien no mencionó por su nombre-, y le advirtió que ello “deberá realizarse en armonía con lo que establece el Acuerdo entre la Organización de las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala relativo al establecimiento” de la Cicig.
El tribunal advirtió, además, que la no autorización implicará el incumplimiento de la disposición.
“Se considerará incumplida la orden (…) en el momento en el que no se permita el ingreso al territorio guatemalteco del Comisionado”, planteó la corte en la resolución de 11 páginas leída, en conferencia de prensa, en la sede del tribunal ubicada en el centro de Guatemala, la capital nacional.
Sin embargo, el gobierno conminó, en un comunicado emitido la mañana siguiente, a la Secretaría General de las Naciones Unidas, a que, en un plazo de 48 horas, proponga nuevo titular de la Cicig.
La solicitud del caso fue formalizada, mediante nota diplomática, por la cancillería de Guatemala, de acuerdo con la información oficial.
La designación del nuevo titular de la comisión debe llevarse a cabo con el asentimiento guatemalteco, según el Derecho Internacional, agregó.
“Guatemala, como Estado miembro y fundador de la ONU, solicita a su Secretario General que cumpla con su función de facilitador en la solución de los requerimientos de los Estados miembros”, expresó.
El texto aludió así al portugués António Guterres, quien recientemente, en una sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, elogió el trabajo que la Cicig viene cumpliendo en Guatemala.
“Caso contrario le atribuirá la responsabilidad de cualquier consecuencia que surja de la falta de designación de una nueva comisionada o comisionado, en los términos y plazos que se han solicitado”, advirtió el gobierno de Morales.
El comunicado fue leído, en breve conferencia de prensa, por la canciller guatemalteca, Sandra Jovel.
En el contexto de la creciente tensión gobierno-Cicig, el presidente anunció, el 31 de agosto, la decisión de no renovar el mandato de la comisión, e informó, el 4 de setiembre, la prohibición para que Velásquez regrese a Guatemala.
En el primer caso, estuvo acompañado por decenas de altos oficiales militares y policiales, y, mientras formulaba el anuncio, efectivos militares y policiales se hallaban desplegados en el sector capitalino donde se ubica la sede de la Cicig.
En el segundo anuncio lo acompañaron su vicepresidente, Jafeth Cabrera, los ministros Sandra Jovel (Relaciones Exteriores) y Enrique Degenhart (Gobernación), y el procurador general de la Nación, Luis Donado.
Desde que asumió el cargo para el período 2016-2020, Morales ha mantenido una creciente confrontación con la Cicig, particularmente con Velásquez.
El grupo de trabajo viene operando, desde 2006, mediante renovaciones periódicas de su mandato, la más reciente de las cuales vence en setiembre de 2019.
El presidente ordenó, el año pasado, la expulsión del comisionado, pero la decisión fue anulada por la Corte de Constitucionalidad.
La comisión, junto con el MP, inició investigaciones sobre casos de corrupción que han involucrado al mandatario lo mismo que a allegados.
Uno de los casos se refiere a fraude cometido hace cinco años contra el Estado, e involucra a José Manuel Morales, hijo del presidente, y a Sammy Morales, hermano del mandatario, quienes aguardan juicio.
El acuerdo de creación de la Cicig, suscrito el 12 de diciembre de 2006 por Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala –entonces presidido (2004-2008) por el ex alcalde capitalino Oscar Berger-, define al grupo como un órgano independiente de apoyo al Ministerio Público, a la Policía Nacional Civil (PNC) así como a otras entidades estatales guatemaltecas.
Ello, para facilitar la investigación de lo que en el convenio de 15 artículos se define como casos delicados y difíciles, y, en materia de seguridad, lograr la desarticulación de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos.
