En una sesión marcada por tensiones internas y reproches cruzados, el Concejo Municipal de San José acordó ratificar la suspensión por 15 días, sin goce de salario, del alcalde Diego Miranda.
La medida —adoptada en la sesión ordinaria número 95 de este martes 24 de febrero— se basa en el argumento de que el alcalde incurrió en un incumplimiento de pleno derecho al no dar contenido presupuestario a la ejecución de una licitación adjudicada previamente, relacionada con la compra de 16 vehículos eléctricos para uso municipal.
Aunque la ratificación se dio recientemente, el origen del conflicto data de octubre de 2025, cuando el Concejo acordó originalmente aplicar la sanción.
En aquel momento, ocho de los 11 regidores votaron por la suspensión porque, según la Auditoría Interna municipal, Miranda habría solicitado declarar desierta la contratación de los vehículos sin sustento técnico, financiero o legal, contraviniendo un acuerdo colegiado.
Desde entonces, el alcalde interpuso múltiples recursos de revocatoria y apelación ante órganos administrativos y tribunales Contencioso-Administrativos, pero todos fueron rechazados o declarados improcedentes, lo que abrió la puerta para que la sanción pudiera finalmente ejecutarse.
La votación en la noche del martes dejó un resultado de 7 u 8 votos a favor de dejar en firme la suspensión y 3 o 4 en contra, dependiendo de la fuente consultada.
Los regidores que respaldaron la ratificación provinieron de una combinación de partidos tradicionales como Partido Liberación Nacional (PLN), Frente Amplio, Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y otras agrupaciones independientes.
En contraste, los votos en contra fueron de ediles vinculados al alcalde o a agrupaciones como Juntos por San José.
Una vez que el acta de la sesión quede aprobada en la próxima reunión, la primera vicealcaldesa, Yariela Quirós Álvarez, asumirá de forma interina la jerarquía municipal mientras dure la suspensión.
Diego Miranda ha rechazado enérgicamente la medida y ha calificado la sanción como “inaplicable” e injustificada. A criterio del alcalde, el Concejo no tiene competencia para sancionarlo, y atribuye el intento de sanción a una maniobra política más que a una falta real de deberes.
Además, aseguró que analiza acudir a la vía judicial —incluyendo posibles querellas contra regidores por presunto prevaricato o por no haber convocado sesiones extraordinarias para abordar el tema— y adelantó que podría impugnar la sanción en los tribunales si se materializa.
En los próximos días debe formalizarse el acta que da firmeza a la sanción y definirse cuándo entra en vigencia la suspensión de Miranda. Simultáneamente, se espera que el alcalde acuda a las instancias judiciales para defender su posición y, según ha señalado, presentar denuncias contra algunos regidores.
El caso, más allá de lo inmediato, plantea preguntas más amplias sobre la gobernabilidad municipal y los mecanismos de control político en los ayuntamientos costarricenses, en un momento en que la política local cobra cada vez más relevancia en la vida democrática del país.
