George Rodríguez EP. La comunidad internacional repudió este domingo la represión policial de que fueron objeto decenas de personas quienes se aprestaban a participar en una pacífica manifestación antigubernamental convocada en Nicaragua con el lema “Unidos por la Libertad”.
Cuando comenzaban a reunirse en el sector de Camino de Oriente, en Managua, la capital nacional, decenas de personas fueron reprimidas por efectivos antidisturbios de la Policía Nacional, quienes llevaron a cabo 38 detenciones.
El presidente costarricense, Carlos Alvarado, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), figuran entre los actores internacionales quienes reaccionaron a lo ocurrido en Managua.
“Profundamente preocupantes las detenciones de esta mañana en Nicaragua. La represión que está sufriendo el pueblo nicaragüense debe acabar”, escribió, en la redo social Twitter, el presidente de Costa Rica, país centroamericano fronterizo con Nicaragua.
Entretanto, Almagro declaró, en la misma red social, la obligación del gobierno nicaragüense en cuanto a respetar el derecho de las personas a manifestarse pacíficamente.
“Exigimos al gobierno Nicaragua que libere a manifestantes retenidos, respete el derecho a la protesta pacífica en el país, cese la represión y todo tipo de intimidación contra líderes políticos y la población civil”, tuiteó el jerarca de la OEA, un ex canciller uruguayo.
Por su parte, la Oacnudh formuló un llamado a la administración del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, a cesar el acoso a las manifestaciones opositoras.
“OACNUDH frente a la detención de varias personas esta mañana en Nicaragua cuando ejercían su derecho a participar en una manifestación pacífica, reitera su llamado al Gobierno a que cese de inmediato el acoso, la intimidación y la penalización de las protestas”, indicó la agencia especializada de Naciones Unidas, en un comunicado.
Asimismo, la comisión interamericana se declaró preocupada por lo ocurrido.
“La CIDH expresa profunda preocupación por detenciones de esta mañana en Nicaragua y reitera que la protesta social es un derecho legítimo de los ciudadanos”, señaló la entidad, en redes sociales, y llamó al Estado a “respetar el derecho de la protesta social y garantizar seguridad de las personas en contextos de manifestaciones públicas de protesta”.
En ese sentido, el secretario ejecutivo de la CIDH, el brasileño Paulo Abrão, advirtió sobre la incompatibilidad entre la represión antiopositora y la democracia.
“Inaceptables actitudes represivas y autoritarias en este momento en Nicaragua. Estado de Excepción se va consolidando con medidas estatales incompatibles con la democracia y los derechos humanos”.
En similar percepción reaccionó el relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Edison Lanza.
“El derecho a manifestar no puede estar sujeto a autorización previa. La Policía nicaragüense quiere establecer una regulación previa para impedirlas o declararlas ilegales y reprimirlas. Esto contradice el derecho internacional”, advirtió, en un mensaje difundido mediante redes sociales.
Lanza aludió así a la advertencia formulada un día antes por la Policía Nacional, en el sentido de que no permitirá la realización de manifestaciones no autorizadas.
“No se permitirán manifestaciones que no cuenten con el permiso y resguardo policial”, indicó la fuerza policial, en un comunicado.
En ese sentido, luego del incidente ocurrido este domingo en Camino de Oriente, la policía informó que las capturas se llevaron a cabo en cumplimiento de esa disposición.
Los detenidos fueron acusados de “convocar y participar en manifestación pública sin el debido permiso policial, alterando la paz”, indicó.
Entretanto, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Center for Justice and International Law, Cejil) se sumó a las condenas internacionales.
“Esta nueva ola de violencia es una muestra más del autoritarismo y la ausencia de garantías democráticas en Nicaragua. El gobierno ha cerrado completamente los espacios de participación ciudadana, limitando de manera absoluta la libertad de expresión y la libertad de manifestación, derechos fundamentales para el ejercicio democrático”, declaró la entidad con sede en Washington.
Simultáneamente, en Costa Rica, el gobierno de Alvarado expresó apoyo a la preocupación de la comunidad internacional.
“Costa Rica respalda la preocupación manifestada por la comunidad internacional ante la erosión sistemática de los derechos humanos y las libertades fundamentales, que ocurre a diario en Nicaragua”, indicó el gobierno, en un comunicado de su cancillería.
El país limítrofe con Nicaragua llamó, asimismo, al cese de la represión antiopositora.
“Frente a los acontecimientos ocurridos este Domingo 14 de octubre en Nicaragua, el Gobierno de la República de Costa Rica hace un llamado al cese inmediato de la represión y las detenciones arbitrarias, contra quienes participan en las protestas”, señaló.
La violenta crisis nicaragüense afecta, igualmente, al resto de Centroamérica, motivo por el cual la comunidad internacional debe mediar en la búsqueda de solución, advirtió el gobierno costarricense.
“Lo que acontece en Nicaragua afecta directamente a toda la región en aspectos migratorios, sociales, económicos y humanitarios, por lo que Costa Rica solicita a la comunidad internacional su mediación para que en Nicaragua se restablezcan las condiciones necesarias que permitan retomar el diálogo, que ha estado suspendido por demasiado tiempo”, planteó.
El incidente ocurrido este domingo se enmarca en la violenta crisis sociopolítica estallada el 18 de abril y que, hasta ahora, presenta saldo de por lo menos 500 víctimas fatales, miles de detenidos, heridos, y desaparecidos, daño masivo a la economía nacional, y la emigración de decenas de miles de personas –principalmente a la vecina Costa Rica-.
Las manifestaciones masivas, en apoyo a la exigencia de renuncia por parte de Ortega lo mismo que su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, son reprimidas por agentes policiales –principalmente antidisturbios- y grupos parapoliciales, en general, actuando conjuntamente.
La represión antiopositora se lleva a cabo lo mismo masivamente, contra marchas callejeras y otras actividades públicas, que selectivamente, mediante detenciones y ajusticiamientos de opositores quienes son blanco de búsqueda individual.
