Allan Madriz | EP. Los diputados y las diputadas que integran de la Comisión de Asuntos Hacendarios dictaminaron afirmativamente el expediente 22.018, “Autorización al Gobierno de la República para la contratación de un crédito por medio del instrumento de financiamiento rápido (IFR) con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para apoyo presupuestario en la atención de la emergencia COVID-19”.
El crédito de $504 millones es suministrado por la vía de Instrumento de Financiamiento Rápido, lo cual le permite al país su utilización en necesidades urgentes como catástrofes naturales, situaciones de conflicto y posconflicto, y emergencias debidas a situaciones de fragilidad.
La comisión legislativa dictaminó un texto de consenso que corrige el artículo 2 y 3 sobre el uso de los recursos, para asegurar que el 90% del crédito se utilicen exclusivamente para el cambio de deuda interna ya autorizada en el presupuesto ordinario y extraordinario 2020.
Los legisladores además aprobaron una moción que obliga a girar al menos un 10% de los recursos a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) para amortizar parte de la deuda que el Estado tiene con esa institución.
“Es muy importante señalar que la comisión incluyó responsabilidades y una serie de candados con el uso de los recursos, y requiere que el monto transferido a la Caja sea aprobado mediante presupuesto extraordinario. Por otro lado, el restante de los recursos, al tener de esta forma, claramente definido su uso, en donde no puede ser más que para sustitución de deuda interna cara por deuda externa, se autoriza realizar su modificación presupuestaria vía decreto, como recomendó la propia Contraloría General de la República”, indicó la diputada del PLN y presidenta de la comisión, Silvia Hernández.
La ministra de Planificación, Pilar Garrido, enfatizó durante la presentación del proyecto, que dichos recursos son necesarios para sustituir deuda cara por deuda barata y cubrir necesidades brutas del 2020.
Garrido aseguró que con la aprobación de este empréstito se permite al país tener acceso a otros dos instrumentos crediticios, uno con el Banco Interamericano de Desarrollo por $250 millones y un financiamiento adicional con el Banco Mundial por $300 millones.
Ahora el proyecto deberá ser enviado al Plenario Legislativo para que sea discutido y votado por el resto de legisladores, en la búsqueda de encontrar un respiro a las finanzas del país.
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