Allan Madriz | EP. “El aborto sólo puede permitirse cuando exista un real peligro para la salud y la vida de una mujer embarazada”, esa es la posición del del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica sobre la interrupción terapéutica del embarazo.
La posición del Comité de Bioética de dicho Colegio, se estableció en virtud de la demanda que enfrenta el Estado Costarricense ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.
“El Colegio de Médicos y sus agremiados siempre deben privilegiar la vida y por eso, se rigen por los principios éticos y jurídicos que la protegen en todos sus extremos, junto a otros valores como la salud y la dignidad de los seres humanos”, manifestó el Dr. Andrés Castillo, presidente de esa institución.
Las autoridades del Colegio indicaron que si durante el ejercicio de su profesión, el médico se encuentra ante una situación excepcional, donde una grave amenaza pone en riesgo la integridad física o la vida de una embarazada, debe actuar de conformidad con el marco legal y ético correspondiente.
“La institución reconoce el derecho a la vida, la salud y la dignidad de los seres humanos por ello, tomando en cuenta que el aborto debe practicarse cuando hay un riesgo extremo en la salud y la vida de la mujer, el médico debe poner a disposición de la paciente todos sus conocimientos y los recursos del arte, buscando preservar la integridad física y la vida de la madre y de la gestación hasta donde ello sea posible”, explicó Castillo.
Para el Colegio, en todo momento el acto médico debe estar orientado a preservar la vida y la salud de los pacientes en todos sus extremos.
A pesar de este pronunciamiento de la institución, también señalaron que el médico puede abstenerse de realizar un aborto apelando a la objeción de conciencia.
“La objeción de conciencia es un derecho humano por el cual el médico puede negarse a acciones que choquen con sus convicciones morales, filosóficas o religiosas y su decisión debe ser plenamente respetada”, aseguró Castillo.
El Colegio exhortó al Ministerio de Salud y a la Caja Costarricense del Seguro Social a dirigir acciones concretas para desarrollar guías y protocolos médicos para que el procedimiento de interrupción del embarazo se realice bajo rigurosos estándares éticos, técnicos y dentro del marco contenido en el artículo 121 del Código Penal.
