William Aguilar | EP. Ante la noticia divulgada de que jerarcas de la Iglesia Catolica se reunieron con una veintena de legisladores para hablarles en contra de la implementación de la fertilización in vitro (FIV), tal como debe hacerlo nuestro país por orden de la Corte Interamericana de Justicia (CIJ), el Centro de Investigación para América Central de Derechos Humanos (Cipac) ha manifestado su preocupación y enviado un documento titulado “Iglesia Católica sigue interfiriendo en reconocimiento de derechos humanos en Costa Rica”.
En dicho escrito, el Cipac critica la intromisión de la Iglesia tanto en temas políticos como de derechos humanos, al considerar que atenta contra las libertades de las mujeres que no pueden engendrar sin ayuda médica y desean ser madres.
“Es un irrespeto al derecho a las mujeres costarricenses el que se les violente su derecho a ser madres, cuando la ciencia puede ayudarles en ese sentido. La Iglesia está llamada a brindar su guía a su consejo en temas espirituales sin que ello llegue nunca a violentar los derechos y la integridad de nadie”, afirmó la directora de CIPAC, Daria Suárez.
Para el Cipac es una cuestión de derechos Humanos, que deben de ser tratados en mesas políticas, de las cuales está la Iglesia excluida como entidad por la misma Constitución.
“Por tanto la Iglesia no debería interferir en decisiones políticas de este calibre que afecten directamente los derechos humanos de los y las costarricenses”, aseguró la directora.
Para el jefe de la Unidad Política del Cipac, Francisco Madrigal, la intromisión del clero atenta contra el papel del Estado como ente encargado de velar por el bienestar social de la población.
“Si bien es cierto la Iglesia Católica es considerada la oficial del Estado según la Constitución Política, Costa Rica es un Estado Social de Derecho el cual debe velar por el disfrute de la ciudadanía, colaborando en su bienestar social y es por ello que la FIV y la Unión entre parejas del mismo sexo, son derechos fundamentales que el estado debe proteger y donde la Iglesia católica no debe de interferir ya que está violentando los derechos fundamentales de la ciudadanía”, comentó Madrigal.
Costa Rica fue sentenciada en diciembre de 2012 por la CIDH a garantizar el acceso a la FIV. En caso de cumplir con lo establecido por la CIDH, Costa Rica se expone a una serie de sanciones económicas.
