George Rodríguez EP. LCincuenta presos políticos en Nicaragua pasaron al régimen de convivencia familiar (casa por cárcel), informó, este jueves –en coincidencia con la conmemoración nacional del Día de la Madre-, el Ministerio de Gobernación (Migob).
En ese total, aparece solamente una mujer, de acuerdo con la nómina de beneficiados que el Migob adjuntó a la escueta Nota de Prensa con la que informó sobre la medida.
El ministerio “da a conocer (…) que, a través de la Dirección General del Sistema Penitenciario Nacional, ha dado cumplimiento den 50 órdenes a favor de personas que se encontraban detenidas por haber cometido delitos contra la seguridad común y la tranquilidad pública”, quienes “han recibido el beneficio legal de convivencia familiar u otras medidas cautelares”, indicó en el ministerio, en el texto de dos párrafos.
Al usar la definición oficial de los delitos, el Migob hizo referencia a personas detenidas en el marco de la represión policial y parapolicial antiopositora que el régimen orteguista mantiene desde el inicio hace más de un año, de la violenta crisis sociopolítica que golpea al país centroamericano.
El proceso fue observado por personal del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), precisó el ministerio, en la comunicación emitida por su oficina de Relaciones Públicas.
“Se hace del conocimiento público, que, en el proceso de excarcelación de 50 pres@s por decisión unilateral del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, participaron como observadores, los delegados” del CICR, señaló.
A continuación del texto, se adjuntó la lista del medio centenar de nombres y el detalle del respectivo documento de identidad –o ausencia de éste-.
La nómina fue encabezada con la explicación oficial de los delitos por los cuales esas personas cumplen condena, y la precisión de “recibieron el lunes 20/05/19 el beneficio legal de convivencia familiar u otras medidas cautelares”.
La acción gubernamental elevó a seis las medidas de ese tipo aplicadas a algo más de trescientos presos políticos, en el marco de la negociación entre el régimen del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y la opositora y multisectorial Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), para dar solución la dramática situación nicaragüense.
En los cuatro primeros casos –27 de febrero, 15 de marzo, 5 de abril, 20 de mayo-, y en el de este jueves, se trató, específicamente de procesados por motivos políticos, mientras que, en el cuarto –el 16 de abril-, del total de 636 excarcelados, solamente 36 fueron reclusos opositores.
Hasta ahora, las medidas no han incluido a ninguno de los presos políticos cuyos casos han centrado la mayor atención a nivel mediático, tales como los de varios dirigentes campesinos y estudiantiles, además de dos periodistas.
Estallada el 18 de abril de 2018, la violenta crisis sociopolítica nicaragüense se caracteriza por la represión policial y parapolicial antiopositora, que ha cobrado centenares de vidas, generado miles de heridos, detenidos, y desaparecidos, dañado en gran escala a la economía nacional, y determinado que decenas de miles de nicaragüenses emigren, principalmente hacia la limítrofe Costa Rica -donde más de veinte mil personas han solicitado refugio-.
La represión ha sido, desde entonces, la respuesta sostenida del régimen encabezado por el presidente nicaragüense, Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, a la masiva exigencia popular de que ambos renuncien.
Las acciones policiales y parapoliciales se han centrado, más recientemente, en periodistas y medios independientes así como en organizaciones no gubernamentales de derechos humanos.
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