Allan Madriz | EP. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al país tomar las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad de los indígenas de las comunidades de Teribe y Bribrí de Salitre.
La CIDH emitió una medida cautelar ante la solicitud presentada el pasado 22 de marzo de 2012 por Fergus Mackay y Vanessa Jiménez, representantes de la organización Forest People Programme”.
“Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho presentadas por las partes, la Comisión considera que la información presentada demuestra prima facie que los miembros del pueblo indígena de Teribe y Bribrí de Salitre, que se encontrarían en la región sureste del departamento de Puntarenas, específicamente en la zona denominada Salitre, se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, toda vez que su vida e integridad personal estarían amenazadas y en riesgo”, señala el comunicado.
Además la Comisión pide que se informe sobre las acciones que tomarán para investigar los hechos que dieron lugar para que se adoptara la medida cautela y evitar un segundo llamado.
El informe enumera una serie de hechos como amenazas de violencia contra los indígenas, ataques de ocupantes ilegales no indígenas armados a la comunidad Bribri y la ocupación de tierras a pueblos indígenas.
Asimismo se señala que ha existido una comunicación directa con el Estado durante los últimos dos años, entre cuestionamientos de la CIDH y respuestas del Gobierno a diversas quejas planteadas por los afectados. Incluso nuestro país informó que en la actualidad se está trabajando con una mesa diálogo con diferentes grupos que buscan una solución a este conflicto.
Sin embargo Mackay y Jiménez han informado a la CIHD que a pesar de que se han realizado varias reuniones de diálogo, el Estado no habría tomado ninguna medida adecuada para tratar el tema de seguridad de los territorios indígenas y para proteger la integridad física de sus miembros.
Asimismo los solicitantes señalan que hasta la Defensoría de los Habitantes había confirmado la falta de acciones por parte del Gobierno en una carta enviada el 19 de noviembre del 2014.
La Comisión le da un plazo al Estado para que en un período de 15 días (corre a partir del 30 de abril del 2015) informe sobre las medidas cautelares requeridas y actualizar dicha información en forma periódica.
