George Rodríguez EP. Más de cuarenta mil ciudadanos nicaragüenses han expresado este año, en Costa Rica, necesidad de protección internacional, a causa de la violenta crisis sociopolítica que afecta a su país, informó este jueves la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Se trata de la casi totalidad de los aproximadamente 52 mil nacionales de Nicaragua quienes ingresaron este año a territorio costarricense, donde han permanecido, precisó la CIDH en el informe que tituló “Observaciones preliminares sobre la visita de trabajo para monitorear la situación de personas nicaragüenses que se vieron forzadas a huir a Costa Rica”.
De las 40,386 personas quienes expresaron necesidad de protección internacional, casi 14 mil solicitaron asilo, con la mayor parte de esos trámites –algo más de doce mil- llevados a cabo de junio a agosto de este año, cuando se intensificó la represión, la criminalización, y la persecución de las diversas expresiones de oposición, aseguró.
El extenso documento fue elaborado luego de la visita de trabajo que una misión de la CIDH realizó, del 14 al 18 de octubre, a Costa Rica.
El objetivo de la visita fue el de “monitorear la situación de las personas nicaragüenses solicitantes de asilo y en necesidad de protección internacional que se han visto forzadas a huir de su país y buscar protección internacional en Costa Rica”, indicó, la comisión, en el texto.
En virtud de la dramática situación que registra ese país centroamericano fronterizo con Costa Rica, la CIDH urgió al Estado de Nicaragua, la adopción de cuatro medidas.
Se trata de “abstenerse y cesar de manera inmediata la realización de actos de persecución en contra de personas que sean identificadas como opositoras y adoptar medidas eficaces para la protección de las personas que se encuentren en situaciones de persecución y riesgo”, planteó.
Además, garantizar que las personas puedan desplazarse y residir libremente en el territorio nicaragüense.
Ello “implica necesariamente abstenerse de continuar criminalizando y generando causas que ocasionen el desplazamiento forzado de personas nicaragüenses”, agregó.
El Estado debe, igualmente, investigar y sancionar los hechos violentos registrados en el contexto de la crisis, así como garantizar la libertad de las personas de salir del territorio nacional, además de respetar su derecho a procurar y recibir asilo en otros países, señaló.
En cuanto el Estado costarricense, la CIDH reconoció y agradeció las acciones que ha llevado a cabo en materia de protección de las garantías individuales en el contexto de la crisis que golpea hace más de seis meses a Nicaragua.
La comisión destacó “el importante rol que ha tenido el Estado costarricense en el seno de la OEA en la promoción de diversas acciones en favor de la protección de los derechos humanos de la población nicaragüense”, y su “liderazgo (…) en el apoyo al trabajo de los órganos del Sistema interamericano de Derechos Humanos y la promoción de los valores democráticos que lo inspiran”.
Sumado a ello, formuló una decena de recomendaciones dirigidas a asegurar la protección de los derechos humanos de los nicaragüenses quienes se encuentran en territorio de Costa Rica.
Se trata de “continuar manteniendo las fronteras abiertas y accesibles, garantizando el ingreso al territorio a las personas nicaragüenses que requieren protección internacional o para satisfacer necesidades humanitarias urgentes, en respeto al principio y derecho a la no devolución -non-refoulement-“, indicó.
Además, recomendó la aplicación de procedimientos justos, ágiles y eficientes para la tramitación de las solicitudes de asilo.
“Garantizar el derecho a la información y a la asistencia legal gratuita en materia de procedimientos de asilo por parte de las instancias gubernamentales y de la sociedad civil para personas nicaragüenses de reciente ingreso, así como aquellas que hayan residido en el país de manera regular o irregular”, agregó.
La CIDH aludió, en el segundo caso, a la población nicaragüense establecida, durante años –en algunos casos, décadas- en Costa Rica, donde se desempeñan, en general como trabajadores informales, principalmente en sectores tales como construcción y seguridad, y en el área del trabajo doméstico.
Diversos cálculos ubican el número de nicaragüenses asentados en Costa Rica en el rango de 600 mil a más de un millón de personas.
La CIDH recomendó, además, al Estado costarricense, “mejorar las condiciones de los Centros Temporales de Atención al Migrante (CATEM) a fin de que garanticen la seguridad, el bienestar y el derecho a la educación de las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiados. Asimismo, proporcionar un cuidado especial a los niños, niñas y adolescentes que se encuentran allí”.
También sugirió la búsqueda de apoyo mundial, y la promoción del concepto de responsabilidad compartida, por la comunidad internacional, en cuanto a la atención a los nicaragüenses en procura de asilo.
Es necesario “adoptar medidas dirigidas a promover el apoyo internacional y la responsabilidad compartida en el rescate, recepción y alojamiento de personas nicaragüenses”, señaló.
Para ello, se requiere una estrategia coordinada regional e internacionalmente que permita dar respuesta rápida la masiva situación de los nicaragüenses quienes se ven obligados, por la violencia a migrar de su país de origen, precisó.
“Asimismo, es necesario fortalecer a las comunidades que acogen a las personas migrantes y sus familiares”, expresó la CIDH.
La violenta crisis sociopolítica estallada el 18 de abril, presenta saldo de por lo menos 528 víctimas fatales, miles de detenidos, heridos, y desaparecidos, daño general a la economía nacional, y la emigración de decenas de miles de personas –principalmente a la vecina Costa Rica-.
Las manifestaciones masivas, en apoyo a la exigencia de renuncia por parte de Ortega lo mismo que su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, son reprimidas por agentes policiales –principalmente antidisturbios- y grupos parapoliciales, en general, actuando conjuntamente.
La represión antiopositora se lleva a cabo lo mismo masivamente, contra marchas callejeras y otras actividades públicas, que selectivamente, mediante detenciones y ajusticiamientos de opositores quienes son blanco de búsqueda individual.
