George Rodríguez EP. La documentalista brasileño-estadounidense Emilia Mello, detenida el fin de semana en Nicaragua y expulsada de ese país, fue sometida a un extenso interrogatorio y a malos tratos psicológicos, denunció este lunes el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el brasileño Paulo Abrão.
Mello fue detenida el 25 de agosto en el sector de la localidad de San Marcos, en el occidental departamento (provincia) de Carazo, a unos 45 kilómetros al sur de Mangua, la capital nacional, junto con dos documentalistas locales y otros 17 ciudadanos nicaragüenses.
Mello y los documentalistas nicaragüenses Arielka Juárez y Ronny Cajina se dirigían a la cercana ciudad de Granada, para documentar una manifestación opositora en la que participarían los demás detenidos.
Todos los nicaragüenses fueron puestos en libertad horas después, pero la documentalista brasileño-estadounidense fue traslada a la sede de la Dirección Nacional de Migración y Extranjería, para ser interrogada y luego deportada, según información oficial citada por medios locales.
Al respecto, Abrão escribió, en la red social Twitter, que Mello “reporta que sufrió un largo interrogatorio y maltrato psicológico de parte de las autoridades de Nicaragua”, ante lo cual “la CIDH exige al Estado (nicaragüense) respetar libertad de expresión y derecho a la protesta”.
El jerarca de la CIDH informó, asimismo que, tras la detención el sábado, Mello fue expulsada el domingo, rumbo a El Salvador, desde donde continuó este lunes hacia México, para luego dirigirse a la nororiental ciudad estadounidense de Nueva York.
Por su parte, Braulio abarca, abogado del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), informó que la cineasta brasileño-estadounidense “fue llevada a la Dirección General de Migración y Extranjería, donde se emitió una nota de expulsión, y fue trasladada al Aeropuerto (Internacional “Augusto César Sandino)”, en Managua, la capital nacional.
En opinión de la Asociación Nicaragüense de Cinematografía (Anci) la detención y la expulsión de Mello constituyen un riesgo en materia de libertad de información.
“Esto establece un precedente muy peligroso para futuros cineastas que quieran intentar ingresar al país para documentar lo que sucede, contarle al mundo la historia de lo que estamos viviendo y registrar cualquier violación a los derechos humanos que sirva para hacer justicia a quienes lo merecen”, advirtió la Anci, en un comunicado que emitió al día siguiente de la detención.
Los tres documentalistas se disponía an registrar la manifestación en Rivas, no a participar en la actividad, y, al igual que los demás detenidos, no portaban armas, señaló la asociación.
“Arielka, Emilia y Ronny estaban documentando la actividad, no estaban siendo parte de ella y al igual que el resto de detenidos, no tenían ningún arma, ninguna intención de actos delictivos o de violencia”, aseguró la Anci, además de calificar la detención colectiva como una acción “absolutamente ilegal e injustificada”.
La acción policial contra Mello ocurrió un mes después de que la estudiante brasileña de medicina Raynéia Gabrielle Lima fue asesinada a balazos en un incidente enmarcado en la violenta crisis sociopolítica que desde abril convulsiona a ese país centroamericano.
El caso se enmarca en una serie de vagas y confusas versiones oficiales.
En tal contexto, dos breves comunicados, de tres párrafos cada uno, fueron emitidos por la Policía Nacional, respectivamente, el 24 de julio –día siguiente al homicidio- y 27 de julio –cuando se informó de la captura de un sospechoso del crimen-.
En el primer caso, la policía explicó que Lima se desplazaba en un automóvil, por el sector capitalino de Monserrat, el 23 de julio, aproximadamente a las 2330, cuando “un Guarda de Vigilancia Privada, en circunstancias aún no determinadas, realizó disparos con arma de fuego, uno de los cuales le impactó ocasionándole heridas. Fue trasladada al Hospital Militar Escuela Alejandro Dávila Bolaños donde falleció”.
También informó que el autor de los disparos, cuya identidad no fue inicialmente revelada, era investigado, y precisó que Lima se desempeñaba como médica interna en el Hospital Policial “Carlos Roberto Huembes” de la Policía Nacional.
En el segundo caso, la misma fuente informó que “fue capturado Pierson Gutiérrez Solís, 42 años de edad, presunto autor de los disparos (…) a quien le fue ocupado arma de fuego, tipo carabina M 4”.
En este comunicado, no se determinó la ocupación del detenido, aunque la mención del arma –de uso exclusivamente policial y militar- generó la sospecha de que se tratase de un efectivo de seguridad.
Pero en declaraciones que formuló al periódico matutino local El Nuevo Diario, el vocero del Ejército de Nicaragua, coronel Manuel Guevara, estableció distancia entre el detenido y la fuerza armada, al asegurar que “Pierson Adán Gutiérrez Solís, desde el 5 de agosto de 2009, dejó de prestar servicio en el Ejército de Nicaragua. Desde esa fecha, no ha tenido relación con la institución militar”, y reafirmar que “a partir de esa fecha no hemos tenido ningún tipo de relación con esta persona”.
Entretanto, personas quienes conocen al detenido dijeron, bajo anonimato, al diario, que no tenían conocimiento del pasado militar de Gutiérrez, a quien conocían como instructor de taekwondo en una escuela en la capital, y una de ellas afirmó que el detenido “nunca portó arma”.
En un juicio relámpago, sin acceso a prensa, llevado a cabo el 1 de agosto en Managua, el ex militar se declaró culpable del asesinato, pero aún no se ha emitido sentencia.
El homicidio de Lima así como la detención y expulsión de Mello se enmarcan la violencia que hace más de cien días golpea a Nicaragua, con saldo de aproximadamente 500 víctimas fatales, así como más de dos mil heridos, detenidos, y desaparecidos, y daño en gran escala en la economía nacional.
La situación se originó, el 18 de abril, en el decreto presidencial que apuntaba a reformar el sistema de pensiones del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).
El retiro del decreto, días después, determinó que la masiva protesta popular se enfocase en la actual exigencia de que Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, renuncien a sus respectivos cargos.
La respuesta de la pareja gubernamental ha consistido en intensificar la represión policial y parapolicial antiopositora.
