El presidente Rodrigo Chaves, señaló que se harán públicas las listas de exdiputados que mantienen una pensión solo por el hecho de haber pasado por el Congreso, producto de un régimen de privilegio que fue derogado en 1996, y aún mantiene vigencia.
Estas pensiones de exdiputados que no cotizaron para obtenerlas, se harán de conocimiento público por parte de la Ministra de Trabajo.
“Pronto la Ministra de Trabajo y Seguridad Social, les va a contar la lista de exdiputados y cuanto están ganando cuanto están ganado con pensiones no cotizadas”, manifestó Chaves.
Las declaraciones se dieron motivo del estudio de Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sobre Integridad en Costa Rica: Protegiendo los logros democráticos, dicho análisis determina que el país carece de una coordinación entre los entes estatales para combatir la corrupción de manera integral.
El presidente, criticó las altas pensiones concentradas en un grupo reducido de la población, lo cual aumentó las tasas de interés del país, en el criterio de Chaves.
“Quién no sufre en Costa Rica por las tasas de interés, excesivamente elevadas que causan las pensiones de lujo no cotizadas.
“Gastamos en los últimos años mucho más en pensiones de lujo para un puñado de costarricenses, que lo que gastó el país en toda la infraestructura pública. Eso no se llama integridad, eso no es equidad, porque esas leyes pasaron para enriquecer a grupos conectados políticamente”, detalló el mandatario.
Sobre la corrupción en el país (tema central del estudio de integridad), Rodrigo Chaves indicó que no piensa haber iniciado a atacar la corrupción en los puntos que recomienda el organismo internacional.
“Regular la influencia de los grupos de interés, como la practica del cabildeo, de búsqueda de renta a través de las políticas públicas, esa es una de las tareas pendientes y que francamente creo que no hayamos empezado, si no lo hacemos, las leyes y las instituciones seguirán tomadas por sectores que tocan a la puerta de funcionarios públicos, de la Asamblea Legislativa, del Poder Judicial y del Estado para servirse, para favorecerse indebidamente”.
El estudio de la OCDE reconoce una ventaja del país sobre la región Latinoamérica, pero señala que todavía faltan pasos para introducir una cultura anticorrupción en la vida cotidiana.
