Allan Madriz | EP. Mientras en el año 2015 ingresaron 146 expedientes por presuntos actos de corrupción de gran impacto para el país, para el 2019 la cantidad de casos aumentó a 740.
Los datos se desprenden del informe sobre la labor que realizó el Ministerio Público el año pasado, y son parte de las estadísticas de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.
La fiscala general, Emilia Navas, dictó una política de persecución penal enfocada en la tramitación prioritaria de actos de corrupción en 10 áreas específicas: salud, medio ambiente, educación pública, régimen municipal, telecomunicaciones, infraestructura vial, cooperativismo, financiamiento de partidos políticos, corrupción transnacional y actos cometidos por funcionarias y funcionarios judiciales.
De acuerdo con el informe de labores, en el 2019 esta Fiscalía logró presentar 100 acusaciones con solicitud de apertura a juicio por delitos de corrupción, ante el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública, logrando un aumento significativo respecto a los últimos años (2015: 13; 2016:16; 2017: 34; 2018: 65).
“Si se toma como referencia el 2015, el año pasado se aumentó en cinco veces la cantidad de denuncias recibidas en la Fiscalía Anticorrupción, por presuntos actos de corrupción en el sector público, siendo la mayoría de estos de carácter muy complejo y de un impacto muy alto para el desarrollo del país”, explicó Navas.
En el despacho de la Fiscalía General, en el 2019 ingresaron 93 expedientes. El mayor volumen de estos correspondió a delitos de prevaricato (19,6%, resoluciones en contra de la Ley); incumplimiento de deberes (15,7%); tráfico de influencias (8,6%); y enriquecimiento ilícito (7%).
En el mismo despacho se tramitaron 66 casos contra personas que integran los Supremos Poderes, que gozan de inmunidad y que la Ley faculta únicamente a la Fiscala General de la República a hacer la investigación.
Otros datos de interés del informe
- En el 2019, la Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales y Capitales Emergentes logró que todas las causas fueran declaradas capitales emergentes, consiguiendo el comiso de bienes a favor del estado.
- El trabajo articulado entre el MP y la Caja Costarricense del Seguro Social, permitió recuperar ₡3.872.612,824 a favor de la seguridad social del país, mediante procesos penales.
- La Unidad de Inspección Fiscal tramitó 862 procesos disciplinarios, los cuales resultaron en 60 suspensiones sin goce de salario, 26 amonestaciones por escrito, 10 advertencias y 632 asuntos fueron declarados sin lugar.
CONTAMOS CON USTED
Usted no paga por leer las noticias, Usted aporta para que la información continúe distribuyéndose de forma libre, apegada siempre a la verdad, sin presiones políticas o económicas. Apoye el periodismo que está de su lado.
|
