George Rodríguez EP. Casi doscientas personas quienes participaron en manifestaciones de oposición al gobierno, en la marco de la violenta crisis sociopolítica que hace más de tres meses convulsiona a Nicaragua, están acusadas de haber cometido actos terroristas, informó este marte la Comisión ermanente de Derechos Humanos (CPDH).
A las 137 judicializadas desde el 23 de abril –fecha en que fue tramitada la primera acusación- al 26 de julio, se sumaron las 48 acusadas en seis causas penales gestionadas solamente en el lapso del 27 al 30 de julio, lo que suma 185 acusaciones, indicó Julio Montenegro, abogado de la CPDH, citado por el diario opositor local La Prensa.
Según el secretario ejecutivo de la CPDH, Marcos Carmona, “hay una situación de asedio, de amenaza, de persecución masiva a través de listados”, contra personas participantes en las masivas manifestaciones y otras expresiones de oposición al gobierno.
Por su parte, Juan Carlos Arce, abogado del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), aseguró que las acusaciones de supuesto terrorismo apuntan a generar temor entre la población, por parte del Estado, a través de persecución judicial.
“No hay Estado de derecho, no hay independencia de poderes”, lo que determina la nulidad y la inconsistencia de esos procesos judiciales, que son, por lo tanto, violatorios de las garantías fundamentales, indicó Arce, también citado por La Prensa.
Las 48 más recientes detenciones comenzaron 11 días después de aprobada, por la Asamblea Nacional (parlamento unicameral), La Ley de Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
La ley, votada favorablemente el 16 de julio, fue de inmediato considerada, en el sector de defensa de las garantías fundamentales, como instrumento potencialmente facilitador de la criminalización de actividades de protesta opositora pacífica.
Coincidentemente, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) formuló, un día después, una advertencia en ese sentido.
El texto presenta redacción vaga, particularmente en un artículo, aseguró entonces, en declaraciones a periodistas en la ciudad suiza de Ginebra, sede de la Oacnudh, el vocero de la entidad, Rupert Colville.
“Tenemos una preocupación particular por el artículo 394, que define como terrorista a alguien que cause la muerte o lesiones a personas que no participen en un conflicto armado, destruya bienes públicos con la intención de intimidar a la población y altere el orden constitucional. El texto es muy vago y permite una amplia interpretación que podría provocar que se incluyera a personas que simplemente están ejerciendo su derecho a la protesta”, advirtió.
La legislación prevé sanciones de 15 a 20 años de prisión para cometa actos terroristas.
También castiga a quien, entre otros delitos, “recolecte, capte, canalice, deposite o traslade activos (…) con la intención de que se utilicen para cometer terrorismo”.
Colville señaló, asimismo, que se observa, en el marco de la violenta crisis sociopolítica que hace casi tres meses golpea a Nicaragua, la tendencia a criminalizar a los defensores y las defensoras de los derechos humanos quienes han participado en las protestas antigubernamentales.
En defensa de la ley, el presidente de la legislativa Comisión de Producción, Presupuesto y Economía, Walmaro Gutiérrez, negó que el propósito de la iniciativa sea el de perseguir y criminalizar la protesta social.
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Asuntos Jurídicos, María Auxiliadora Martínez, aseguró que la ley apunta a fortalecer la legislación nicaragüense para nivelarla con disposiciones internacionales en la materia.
La administración del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, sostiene que la violenta crisis que afecta al país centroamericano es resultado de un intento golpista por parte de sectores terroristas que procuran su derrocamiento.
En ese sentido, el segundo jefe de la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía Nacional, comisionado Farle Roa, ha planteado que los grupos terroristas reciben financiamiento desde el exterior, para la adquisición de armas de fuego –incluidas armas artesanales- y para mantener a personas permanentemente en los tranques (bloqueos carreteros) opositores a nivel nacional.
Las declaraciones de los dirigentes de la CPDH y el Cenidh fueron conocidas un día después de que, en entrevista con la cadena estadounidense de televisión CNN en Español, Ortega aseguró que la convergencia de todos los sectores en la búsqueda de la paz es la solución al presente contexto de agitación sociopolítica, de la que responsabilizó a la oposición cuyo objetivo único de removerlo del poder.
“Aquí, estamos ante una oposición que no acepta ninguna alternativa más que la salida del gobierno”, cuando “el principal aporte que tenemos que darle todos, a Nicaragua, es la paz”, porque “sin paz, no es posible lograr mayores avances en el orden económico, en el orden social, ni en el orden político, y, aquí, lo que se ha visto sacudida es la paz, se ha visto golpeada la paz, la seguridad de toda Nicaragua”, de modo que, “uniendo esfuerzos por la paz, se apareja que cese la amenaza de violencia, que todos aportemos en esa dirección”, planteó.
Según el mandatario, el Diálogo Nacional promovido en ese sentido por el gobierno, con la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) como mediadora y testigo facilitará esa convergencia, y permitirá lograr un punto medio entre las posiciones gubernamental y opositora.
Ortega dijo que “el punto medio, lo vamos a encontrar dialogando”, y que la CEN plantea la necesidad de “crear condiciones para retomar el diálogo, y estamos trabajando para retomar el diálogo y crear las condiciones para que, primero, sea un diálogo que no se convierta en un ‘reality show’, porque, desgraciadamente, se empeñó, la gente de la derecha que llega al diálogo, en que se transmitiera en vivo por la televisión, y se lo impusieron, ahí, a los mediadores”, algo a lo cual “nosotros nos oponíamos”.
La entrevista, realizada en Managua, la capital de Nicaragua, y difundida la noche del 30 de julio, se enmarcó en la violenta crisis sociopolítica que hace algo más de tres meses golpea a ese país.
La agitación estalló el 18 de abril, a raíz de un fracasado decreto presidencial que procuraba reformar el sistema de pensiones del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).
Retirado el decreto, días después, la generalizada protesta popular a nivel nacional –traducida en “tranques” (bloqueos carreteros), barricadas en barrios, masivas manifestaciones antigubernamentales-, se centra en la exigencia de que Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, renuncien a sus respectivos cargos.
Sin perjuicio de la firme oposición popular, la pareja gobernante se ha negado a hacerlo, y ha intensificado la represión antiopositora que, llevada a cabo por efectivos de la Policía Nacional y fuerzas parapoliciales progubernamentales, ha cobrado casi 450 vidas, generado más de dos mil heridos, detenidos, y desaparecidos, y causado daño considerable a la economía nicaragüense.
