George Rodríguez EP. Sin el desarrollo de un verdadero diálogo que soluciones la violenta crisis sociopolítica que golpea a Nicaragua no es posible abordar el tema de realización de elecciones, planteó este miércoles el cardenal nicaragüense Leopoldo Brenes.
La Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) mantiene la disposición de mediar en las conversaciones, aseguró Brenes, luego de haber oficiado misa en el Santuario de Nuestra Señora de la Merced, en la occidental ciudad de León, a unos 90 kilómetros al noroeste de Managua, la capital nacional.
“No podemos hablar de elecciones si no hay un verdadero diálogo, una verdadera reconciliación y verdadera sanación entre todos nosotros los nicaragüenses”, advirtió el sacerdote, quien es presidente de la CEN y arzobispo de Managua, en alusión a planteamientos de sectores de oposición respecto al adelanto de los comicios programados para 2021.
La cúpula católica está dispuesta a mediar, tal como lo hizo en el Diálogo Nacional, instalado hace cuatro meses, para buscar solución a la crisis, pero suspendido poco más de un mes después.
“Nosotros siempre estamos dispuestos, porque lo hemos visto como un servicio, desde el primer momento que el presidente (nicaragüense, Daniel Ortega) nos pidió esto. Lo tomamos como un servicio a la nación, pero los que tienen toda la obligación son tanto la parte del gobierno como también de la sociedad civil, de entrar a un diálogo, hacer un nuevo proyecto y buscar siempre el bien común del país”, expresó.
Promovido por el gobierno y con la CEN como mediadora y testigo, el Diálogo Nacional comenzó el 16 de mayo, casi un mes después de estallada la crisis.
Las conversaciones se mantuvieron interrumpidas, la mayor parte del tiempo, a causa de las posiciones radicales de los dos actores centrales –el gobierno representado por una delegación presidida por el canciller, Denis Moncada, y la oposición representada por la multisectorial Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia-.
Uno de los puntos de desacuerdo radica, precisamente, en el tema electoral, ya que la oposición plantea la necesidad de que la votación prevista para 2021 sean adelantados a marzo de 2019, como manera de lograr que Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, abandonen el poder antes del fin de sus mandatos, en enero de 2021.
Las conversaciones están suspendidas desde el 25 de junio.
La violenta crisis sociopolítica estalló el 18 de abril, a raíz de un fallido decreto presidencial que procuraba reformar el sistema de pensiones del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).
Retirado el decreto, la creciente protesta generalizada se centró en la masiva exigencia popular de que Ortega y Murillo renuncien a sus respectivos cargos –demanda que la pareja gobernante se ha negado a aceptar-.
La represión policial y parapolicial con la que el gobierno viene enfrentando las manifestaciones opositoras ha cobrado aproximadamente 500 vidas, y generado miles de heridos, detenidos, y desaparecidos.
La crisis también ha causado daño en gran escala a la economía nacional, lo que, según diversos cálculos, incluye el cierre de un alto número de medianas y pequeñas empresas, y la consecuente pérdida de cientos de miles de empleos.
Asimismo, la dramática situación ha determinado que miles de nicaragüenses emigren, principalmente hacia la vecina Costa Rica -donde más de veinte mil personas han solicitado refugio-.
