George Rodríguez EP. El candidato a embajador de Estados Unidos en Nicaragua, Kevin Sullivan, aseguró este miércoles, al Comité sobre Relaciones Exteriores del Senado estadounidense, que, si es confirmado en el cargo, trabajará por que los responsables de la violencia gubernamental antiopositora que afecta hace cuatro meses al país centroamericano respondan por sus actos.
También se comprometió a exhortar a la administración del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, a que ponga en libertad a los detenidos por oponerse al gobierno.
“Si soy confirmado, trabajaré para exponer a los responsables de la presente campaña de violencia e intimidación del gobierno nicaragüense contra su propio pueblo, y para promover que rindan cuentas por sus hechos delictivos”, aseguró Sullivan, en una declaración de nueve páginas que leyó a los integrantes del comité parlamentario.
El candidato del presidente estadounidense, Donald Trump, también señaló la necesidad de que el gobierno nicaragüense proteja las libertades de los nicaragüenses además de que respete el Estado de Derecho.
“Si soy confirmado, exhortaré al gobierno nicaragüense a cesar toda la violencia y la intimidación gubernamentales, y a liberar a todos aquellos quienes han sido arbitrariamente detenidos”, y “también transmitiré la visión de esta administración de que todo nicaragüenses merece un gobierno que cumple y protege sus derechos humanos y libertades fundamentales, y respeta el Estado de Derecho”, planteó.
Sullivan, hasta recientemente representante adjunto de Estados Unidos en la Organización de los Estados Americanos (OEA), también se comprometió con renovar el apoyo estadounidense a la búsqueda de libertad para los nicaragüenses.
En el caso de obtener la confirmación, “buscaré nuevas maneras para que Estados Unidos apoye al pueblo nicaragüense en su camino hacia la libertad y la prosperidad”, y “también procuraré cooperación en temas de seguridad nacional de Estados Unidos, tales como antinarcotráfico, según sea pertinente, considerando la evolución de la crisis actual”, indicó.
También aseguró que una de sus más altas prioridades se centrará en la protección de los ciudadanos estadounidenses en ese país centroamericano y del personal de la embajada.
De acuerdo con el análisis de Sullivan, la violenta crisis sociopolítica que convulsiona hace cuatro meses a Nicaragua ha conmocionado el escenario nacional.
“La violencia y la represión de los últimos meses han transformado la realidad política de Nicaragua. El pueblo de Nicaragua y la comunidad internacional no olvidarán fácilmente los sistemáticos abusos a los derechos humanos perpetrados, desde abril, por fuerzas gubernamentales y sus agentes”, advirtió.
En tal contexto, destaca el trabajo realizado por entidades tales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), así como por la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), expresó.
“Aplaudimos el valeroso trabajo” de la CIDH y la Oacnudh, “y de las organizaciones nicaragüenses de derechos humanos que investigan estos hechos trágicos (…) fuertemente apoyo el papel líder de la Iglesia Católica y sus valientes esfuerzos por mediar para una solución pacífica”, planteó.
La actual agitación genera dudas respecto al crecimiento económico que, durante una década, ubicó a Nicaragua al frente en esa materia en la región centroamericana, reflexionó, asimismo.
“A pesar de una década de crecimiento económico que fue superior al del resto de la región, Nicaragua sigue siendo el segundo país más pobre en el Hemisferio Occidental. La presente agitación ha sumado gran incertidumbre a los que venía siendo una trayectoria económica prometedora”, indicó.
El diplomático –quien reemplazaría a la actual embajadora de Estados Unidos en Nicaragua, Laura Dogu- vaticinó que, para sacar al país de la situación de pobreza, será necesario introducir reformas en la estructura institucional, además de planificar más eficientemente.
“El crecimiento económico transformador que saque de la pobreza a Nicaragua, requerirá cambios fundamentales en las instituciones del país, y mejor planificación estratégica”, sugirió, para agregar que “los prometedores estudiantes universitarios nicaragüenses no son ‘terroristas’ sino, más bien, representan el motor capaz de conducir a su país hacia un futuro más próspero. Solamente podrán hacerlo si pueden, segura y libremente, desarrollar su talento y sus sueños en su propio país”.
Sullivan aludió así al hecho de que la masiva protesta antigubernamental fue iniciada por estudiante universitario en Managua –la capital nacional- y otras ciudades, y también aludió al masivo flujo de nicaragüenses quienes procuran en el exterior –esencialmente, en la vecina Costa Rica- dejar atrás la violencia que padecen en su país de origen.
La dramática situación se originó, el 18 de abril, en el decreto presidencial que apuntaba a reformar el sistema de pensiones del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).
El retiro, días después, del decretó, determinó que la masiva protesta popular se enfocase en la actual exigencia de que Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, renuncien a sus respectivos cargos.
La respuesta de la pareja gubernamental ha consistido en intensificar la represión policial y parapolicial antiopositora, lo que, al final de julio, había generado casi 500 víctimas fatales, más de dos mil heridos, detenidos, y desaparecidos, además de masivo daño a la economía nacional.
