George Rodríguez EP. El canciller de Nicaragua, Denis Moncada, acusó a sectores de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) de ser terroristas y golpistas, además de apoyar el reemplazo ilegal del gobierno.
“Esos sectores eclesiásticos han sustituido su labor católica, apostólica y romana por la conspiración, el terrorismo y el golpismo”, aseguró Moncada, un militar retirado, durante la inauguración, el jueves en Managua, la capital nacional, del Foro de Paz y Solidaridad con Nicaragua, en el que participan representantes de 18 países.
El funcionario los acusó, además, de valerse de la religión en procurar de desestabilizar al país.
Esos sectores han usado “la religión, con fines políticos de desestabilización, de ruptura del orden constitucional y de cambio ilegal de Gobierno”, expresó Moncada, quien dijo, asimismo, que “algunos sectores de la Conferencia Episcopal de Nicaragua han reconocido y aceptado su participación activa en esos hechos delictivos que han costado muchas vidas, destrucción de infraestructura pública y privada”.
El canciller aludió así a la violenta crisis sociopolítica que hace algo más de seis meses golpea a Nicaragua, situación que el presidente Daniel Ortega y sus principales colaboradores describen como un intento de golpe de Estado.
En ese sentido, Moncada expresó agradecimiento, a los participantes en el encuentro de dos jornadas, “por dedicar parte de su valioso tiempo al análisis y reflexión sobre el intento de golpe de Estado, ruptura del orden constitucional y derrocamiento por la vía fáctica, por la vía de hecho que han intentado golpistas contra el Gobierno legítimo del presidente Ortega”.
El encuentro se desarrolla luego de que el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez –uno de los obispos más firmemente opuestos al régimen de Ortega-, rechazó el contenido de una grabación en la que se lo escucha expresándose agresivamente contra el mandatario y el canciller nicaragüenses lo mismo que respecto a los presidentes Evo Morales (Bolivia) y Nicolás Maduro (Venezuela).
La grabación fue difundida esta semana por medios de comunicación oficialistas.
Báez denuncio, el jueves, que es blanco de una campaña gubernamental de desprestigio y de intimidación.
Por su parte, el diario nicaragüense opositor La Prensa, criticó, también el miércoles, la difusión de la grabación, y descalificó el audio, al poner en duda su autenticidad, calificándolo como una “grabación en la que supuestamente se escucha a Báez conversando sobre la situación del país”, y agregó que, “minutos después de difundido el audio, el hijo del dictador Daniel Ortega, Laureano Ortega Murillo, compartió un virulento tuit en el que acusaba a Báez de ‘golpista asesino’”.
Al respecto, el ex ministro de Educación Humberto Belli, advirtió, igualmente el jueves, que Báez corre el riesgo de ser asesinado por algún integrante del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
La familia de Ortega sería responsable de que el obispo sufriese algún atentado, aseguró Belli, quien desempeñó el cargo durante el gobierno presidido por Violeta Chamorro (1990-1997).
Respecto al FSLN, el ex ministro aseguró que “hay un record de campañas de odio que redundan en asesinatos y podría haber un fanático que se le ocurra que ante un ‘golpista, asesino’ que supuestamente es monseñor Báez, tenga que callarlo”.
Belli dijo, además, que la oposición a un gobierno no constituye delito alguno.
“Es una campaña absurda porque si quieren callarlo no lo van a callar y si quieren procesarlo no tienen de dónde agarrarse”, aseguró, para agregar que “no se puede procesar a una persona por querer que el gobierno se vaya”.
Los señalamientos contra Báez, y lo denunciado por el obispo, se enmarcan en la violenta crisis sociopolítica que, estallada el 18 de abril, presenta, hasta ahora, saldo de por lo menos 528 víctimas fatales, miles de detenidos, heridos, y desaparecidos, daño general a la economía nacional, y la emigración de decenas de miles de personas –principalmente a la vecina Costa Rica-.
Las manifestaciones masivas –y otras expresiones opositoras-, en apoyo a la exigencia de renuncia por parte de Ortega lo mismo que su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, son reprimidas por agentes policiales –principalmente antidisturbios- y grupos parapoliciales, en general, actuando conjuntamente.
La represión antiopositora se lleva a cabo lo mismo masivamente -contra marchas callejeras y otras actividades públicas-, que selectivamente -mediante detenciones y ajusticiamientos de opositores quienes son blanco de búsqueda individual-.
