Canciller de Nicaragua: “secretario general de OEA apoya a golpistas”

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George Rodríguez EP. El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, apoya a los sectores que procuran derrocar al gobierno de Nicaragua, afirmó este jueves el canciller nicaragüense, Denis Moncada.

Almagro se sustenta en la Carta de la OEA, la Carta Democrática Interamericana, y su cargo en la organización continental, para actuar de ese modo, aseguró Moncada, en declaraciones difundidas por la agencia informativa rusa Sputnik.

“Hay que estar claros (…) la Carta Fundacional de la OEA y la Carta Democrática Interamericana, no facultan realmente a Almagro a apoyar a los golpistas, que es lo que está haciendo desde su posición”, planteó el ministro, reafirmando el discurso del régimen nicaragüense de que la violenta crisis sociopolítica que hace más de ocho meses a Nicaragua deriva de un frustrado intento de golpe de Estado.

Al actuar de ese modo, el secretario general obedece a intereses estadounidenses, aseguró.

“Él está siguiendo los lineamientos que el departamento de Estado y el embajador de Estados Unidos en la OEA (Carlos Trujillo), le han señalado”, afirmó el canciller, quien acusó, además, a ese país de haber financiado a grupos antigubernamentales, en Nicaragua, con el propósito de “continuar con un proceso golpista”, el que, aseguró no obstante, fue neutralizado.

Ante ese fracaso, se procura, mediante organismos internacionales, llevar adelante el proceso, agregó Moncada.

“Almagro lo que está haciendo precisamente es una labor como agente del imperialismo, de continuar con (…) un golpe de Estado realmente fallido, que ha sido neutralizado y ahora intentan continuar con esa intención de golpe de Estado por la vía de organismos internacionales como la OEA”, advirtió.

En cuanto a la reciente solicitud de Almagro, en cuanto a la convocatoria, en el marco de la Carta Democrática Interamericana, a sesión del Consejo Permanente de la OEA, para abordar la dramática situación nicaragüense, Moncada expresó que el propósito de ese instrumento es el de, precisamente, impedir los golpes de Estado.

Sin embargo, el secretario general está, en el caso de Nicaragua, desvirtuando ese objetivo, ya que utiliza el documento en un esfuerzo por debilitar al gobierno de ese país centroamericano y apoyar a los sectores golpistas, dijo el canciller.

“Esa carta no autoriza a un secretario general a reemplazar ni a sustituir el ejercicio de la soberanía de los estados y gobiernos de América Latina y el Caribe, por el contrario, esa carta lo que hace es consignar el principio de no injerencia, de no agresión en los asuntos internos de los Estados, de respeto a la soberanía, a la autodeterminación”, planteó.

El ministro aseguró que el Consejo Permanente de la OEA –que se reunió, al final de diciembre, para abordar la crisis nicaragüense y escuchar un informe de un grupo de trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) referido al caso- interviene en los asuntos interno del país.

“En el caso nuestro, Nicaragua no ha pedido ni ha admitido ni ha dado su consentimiento, para que la OEA, el Consejo Permanente, esté discutiendo sus asuntos internos, por el contrario, lo que hemos dicho es que Nicaragua va a resolver entre los nicaragüenses sus situaciones internas y no es necesario que la OEA esté interviniendo en los asuntos internos de Nicaragua”, expresó.

Las declaraciones de Moncada fueron difundidas seise días después de que Almagro formuló la solicitud de convocatoria a sesión del Consejo Permanente, en nota dirigida a la embajadora de Costa Rica en la OEA, Montserrat Solano –en ejercicio de la presidencia de ese organismo-.

A su vez, Almagro formalizó el pedido un día después de que el Consejo Permanente de la OEA se reunió para abordar, precisamente, la crisis nicaragüense.

Durante esa Sesión Especial, llevada a cabo el 27 de diciembre, la CIDH presentó, al consejo, el documento que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (Giei) titulado “NICARAGUA Informe sobre los hechos de violencia ocurridos entre el 18 de abril y el 30 de mayo de 2018” -cuyo contenido incluye la denuncia de comisión de crímenes de lesa humanidad en ese país, en el marco de la violenta crisis-.

El Giei y el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) son los dos equipos de trabajo con los cuales contaba la CIDH, en el país, pero fueron expulsados, el 19 de diciembre, por la cancillería nicaragüense, la que, simultáneamente,  decidió suspender las visitas de la CIDH, ese país.

La dramática situación estalló el 18 de abril, a causa de un decreto presidencial que apuntaba a reformar el sistema de pensiones del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), modificaciones que eran perjudiciales para el sistema y sus afiliados.

El retiro, días después, del impopular decreto, determinó que la masiva protesta popular en desarrollo se enfocase en la actual exigencia de que el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, renuncien a sus respectivos cargos, pero la respuesta del régimen ha consistido en intensificar la represión, acciones que han cobrado centenares de vidas, y generado miles de heridos, detenidos y desaparecidos.

La crisis también ha causado daño considerable a la economía nacional, lo que, según diversos cálculos, incluye el cierre de un alto número de medianas y pequeñas empresas, y la consecuente pérdida de ciento de miles de empleos.

Asimismo, ha determinado que, a causa de las sostenidas violaciones a los derechos humanos, miles de nicaragüenses emigren, principalmente hacia la limítrofe Costa Rica -donde más de veinte mil personas han solicitado refugio-.

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