El canciller Arnoldo André Tinoco moderó este miércoles el tono frente a las declaraciones de la embajadora de Costa Rica en Estados Unidos, Catalina Crespo, quien afirmó inicialmente haber sido “citada por el Congreso estadounidense”, cuando en realidad se trató de una reunión privada con un solo congresista, el republicano Mario Díaz-Balart.
Las aclaraciones se dieron durante una audiencia del canciller ante la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Legislativa, donde los diputados consultaron sobre el manejo diplomático del caso.
Crespo había asegurado que acudiría al Congreso de Estados Unidos a una audiencia relacionada con el proceso de solicitud de levantamiento de inmunidad del presidente Rodrigo Chaves, solicitado por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) tras 15 denuncias por beligerancia política.
Sin embargo, posteriormente reconoció que se trataba únicamente de una reunión con Díaz-Balart, presidente de un subcomité de la Cámara de Representantes.
El congresista, que ya había visitado Casa Presidencial en julio de 2025, es solo uno de los 435 miembros de la Cámara Baja —o uno de los 535 si se cuenta el Senado—.
“Quería dejar claro que esta no es una conversación con el Congreso. Es una convocatoria donde me llaman a rendir cuentas”, dijo Crespo en una entrevista con un medio afín al gobierno.
A pesar de la evidente imprecisión en las declaraciones de la embajadora, el canciller André Tinoco evitó calificar sus dichos como un error. Afirmó que Crespo “siguió el protocolo” y justificó que se basó en un correo oficial recibido en la Embajada, donde se solicitaba una reunión informativa por parte del presidente de un subcomité.
El canciller señaló que la diplomática actuó conforme a la comunicación oficial recibida, evitando cuestionar la forma en la que Crespo presentó inicialmente la invitación.
Más allá de la confusión sobre la citación, también generaron preocupación las expresiones que Crespo utilizó al referirse al proceso del TSE para solicitar el levantamiento del fuero presidencial.
En entrevistas a medios afines al gobierno, la embajadora calificó el procedimiento como:
“La posibilidad de derrocar a un presidente en funciones”.
“Una forma de sacar al presidente”.
“La posibilidad de destituir al presidente”.
Las afirmaciones fueron criticadas públicamente, debido a que el trámite ante la Asamblea Legislativa constituye un procedimiento constitucional ordinario y no un mecanismo de derrocamiento.
Los diputados de la Comisión de Relaciones Internacionales continuarán recabando información sobre el manejo diplomático del caso y la forma en que la Embajada comunicó la reunión con el legislador estadounidense.
