Allan Madriz | EP. La Cámara de Tecnologías de la Información y Comunicación (Camtic) volvió a cuestionar la práctica sostenida por el Estado en materia de contratación administrativa, utilizando el mecanismo establecido en el artículo 2 de la Ley de Contratación Administrativa.
Desde Camtic señalaron que recientemente el Archivo Nacional y la Asamblea Legislativa publicaron concursos para plataformas tecnológicas, virtuales y servicios en telecomunicaciones que fueron tramitados por medio de la excepción del artículo 2.
“Este comportamiento en materia de contratación de servicios y productos de diferente naturaleza ha sido reseñado innumerables veces por esta y otras cámaras empresariales afectadas directamente por la aplicación de este artículo”, indicó la Cámara mediante un comunicado.
Para la Cámara, el erario se ha visto perjudicado por la contratación de servicios con sobreprecios, así como la subcontratación de terceros con las competencias necesarias de las cuales no en pocas ocasiones las empresas públicas “adolecen”.
Por este motivo, en representación del bloque estratégico que compone esta organización, la cual reúne a más de 200 empresas de base tecnológica, hicieron un llamado a los diputados para que se apruebe el expediente 21.014 (Ley de lucha contra el uso abusivo de la contratación administrativa entre entes de derecho público), que busca modificar la excepción del artículo 2 de la Ley de Contratación Administrativa.
El pasado 8 de enero la Cámara de Comercio también emitió una queja formal por “las malas prácticas administrativas” de contratación entre los entes del Estado, señalando también los casos del Archivo Nacional y el Congreso.
“Desde la Cámara de Comercio de Costa Rica hemos insistido en la necesidad de proteger los recursos públicos y garantizar un proceso, donde se pueda generar una participación por igual, con la intención de elegir la mejor opción y evitar contratos millonarios que reflejan sobreprecios y sub-contrataciones”, indicó el sector comercial mediante un comunicado.
Para la Cámara de Comercio, resulta contradictorio que, los diputados hablan de reactivación económica, la Asamblea Legislativa utilice este tipo de procedimientos, que consideran “excluye al sector privado y por tanto limita la capacidad de generar empleos y crecimiento”.
