Allan Madriz | EP. La Cámara de Comercio Británica de Costa Rica (BRITCHAM) manifestó su preocupación ante el resurgimiento del proyecto de ley 20.961, que reactiva el debate sobre la conveniencia de imponer estampillas o sellos fiscales a las bebidas alcohólicas comercializadas en el país.
De acuerdo con la BRITCHAM, las causas que generan el mercado ilícito de alcohol en Costa Rica y en muchos otros países del mundo, son diversas y complejas, por lo tanto, las estrategias para frenar su avance deben ser profundamente estudiadas previamente para tener un resultado eficaz.
“… consideramos que, los mecanismos como los que se proponen en este proyecto de ley 20.961, que implican el uso de estampillado, no solucionan los problemas de evasión, contrabando, falsificación, adulteración o producción artesanal de bebidas alcohólicas sin verificación sanitaria”, indicó José Pablo Brenes, director ejecutivo de la Cámara.
Brenes añadió que colocar etiquetas en los productos generaría un alto costo para la industria, sin dejar de lado el costo de implementación que tendría que asumir el Estado para la ejecución de dicho sistema.
“Las estampillas fiscales complejizan la logística en la cadena de suministros, encarecen los productos legales y afecta a la industria formal de bebidas alcohólicas que si paga impuestos, es por esto que compartimos la preocupación del Estado por erradicar el comercio ilícito de bebidas alcohólicas…”, agregó el director ejecutivo.
Para la Cámara es preocupante que se apruebe una ley que obligue al Ministerio de Hacienda a imponer un sistema, que consideran, por sí solo no constituye una herramienta para lograr la disminución del comercio ilegal, además, no cuenta con un análisis claro de costo-efectividad y por último, debería ser revisado tomando en cuenta el impacto en el comercio internacional.
Además de la trazabilidad de licores, BRITCHAM manifestó su preocupación por el expediente 21.658, que busca regular a los vapeadores y cigarrillos electrónicos mediante un impuesto.
De acuerdo con la Cámara, la nueva carga de impuestos propuesta para estos productos podría generar un “mercado informal”, que además de poner en riesgo la vida del consumidor final.
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