Al respecto se vuelven necesarias explicaciones fehacientes, con el mejor ánimo de explicar a la ciudadanía la verdadera cara de lo sucedido.
La solicitud por parte del Ministerio de Seguridad Pública de autorización, por parte de los Diputados, para el ingreso del barco a territorio nacional fue remitida y recibida por la Secretaria del Directorio el día jueves 16 de agosto de los corrientes. La misma pedía autorización para su ingreso en el periodo correspondiente entre el 21 y el 24 de agosto.
Surge entonces aquí la primera interrogante de un proceso nublado: ¿Por qué si esta solicitud ingresa desde esa fecha, no es sino hasta el día martes 20 de agosto que la Presidencia Legislativa decide someterlo a discusión? Y es que a sabiendas de la “urgencia” del tema, era de suponer su trámite inmediato en el seno del Plenario Legislativo. Sin embargo, no es sino hasta el martes 20 que el PLN pretendió iniciar la discusión en Plenario del asunto en cuestión.
Del oficio remitido solo le quedan a este Diputado más dudas que aclaraciones, y tomando en cuenta que el Reglamento Legislativo faculta hasta por una hora a cada legislador para hacer uso de la palabra en este tema; era urgente esclarecer algunos puntos con el fin último de tomar una decisión responsable y fundamentada sobre un asunto de índole constitucional.
No obstante, a pesar de mi motivación inicial, esto no pudo ser posible porque el escaso tiempo disponible para esta discusión fue gastado por otros Diputados en asuntos de carácter accesorio, de tal manera que cuando a este Diputado le correspondió hacer uso de la palabra, quedaban escasos 20 segundos para dar por finalizado el espacio para ese tema y pasar a otra discusión en el recinto.
Explicado esto, debo aclarar entonces que es falso que haya obstaculizado en modo alguno la votación para la autorización de ingreso a los militares de Estados Unidos. Si esta no fue votada se debe a una multiplicidad de factores que van desde la actuación lenta de la Presidencia Legislativa, el poco interés por el tema para las diversas fracciones, la forma precipitada en que la misma fue procesada en el Parlamento, y lo más grave, la politización por parte de la bancada oficialista y sus corifeos de un tema tan álgido y serio como es el narcotráfico.
Ahora bien, refiriéndonos al fondo del asunto, debo reiterar que para este legislador es fundamental y está por sobre todo asunto, la defensa de nuestra Soberanía y de la Constitución Política; y que en ambos sentidos es más que claro que la entrada al país de barcos artillados para la guerra, amerita de una discusión profunda y significativa y no puede ser tomada a la ligera sin caer en negligencia y chabacanería hacia nuestras funciones y poderes de representación en el Congreso de la República.
No solo la tradición pacifista de nuestra nación reclama la ausencia de este tipo de naves en nuestro territorio, sino que el tema va más allá. En la lucha contra el narcotráfico, Costa Rica ha dejado evidente a nivel internacional su posición contra la militarización del asunto, optando y abogando más bien siempre por una política de cooperación transfronteriza.
Prueba de ello, y evidencia de la disposición de este Parlamento en esa línea, fue la reciente aprobación de la autorización de 46 navíos estadounidenses en mares territoriales, con el fin de fortalecer el Convenio de Patrullaje Conjunto; autorización que este Diputado votó favorablemente por las razones esbozadas anteriormente.
Pero el ingreso del barco USS CARR (FFG-52) no solo se aleja de la línea basada en la cooperación multinacional; sino que como explicité al inicio de esta aclaración, deja dudas de gran calibre que no se pueden pasar por alto.
No explica, la solicitud de la Embajada Estadounidense, en qué coordenadas específicas se encontraba el barco al momento del decomiso de la droga, aspecto crucial para nuestra labor en el entendido de reconocer una posible violación a la soberanía costarricense por parte del narcotráfico internacional, entre otras cosas.
Continua además, el oficio remitido, mencionando una “operación conjunta”, aspecto que enturbia el panorama, pues deja sin explicación el hecho de que el traslado de esta prueba decomisada no se haya realizado de inmediato a las autoridades nacionales o bien iniciado coordinaciones respectivas con la Fiscalía en el momento.
Posteriormente, queda la interrogante acerca de la efectiva necesidad del ingreso de ese barco, ya que en estos momentos están 46 naves guardacostas estadounidenses autorizadas para la libre navegación por Costa Rica con la finalidad de combatir el trasiego del narcotráfico. Estas poderosas 46 naves guardacostas de USA fácilmente hubiesen podido gestionar el traslado de la supuesta droga incautada hacia nuestro territorio sin ninguna necesidad de trámite porque ya están autorizadas por nosotros.
Acotados estos aspectos, debo recalcar que la fiscalización de nuestra gestión es válida y deseable siempre y cuando la misma se apegue a la realidad de los hechos, en aras de ofrecer a la ciudadanía un retrato fidedigno de lo ocurrido. Caso contrario, es lamentable para toda democracia, la manipulación y confusión de los sucesos politiqueramente, en virtud de la ponderación de otra clase de intereses antipatrióticos.
Con la conciencia tranquila, comparto a modo de explicación este comentario, ofreciendo siempre ampliarlo para una decente, ética y real comprensión de este tergiversado a propósito, caso.
*Diputado del PAC.
