Redacción. – La Comisión de Asuntos Económicos avanzó con un proyecto de ley para reconocer derechos laborales a los repartidores de plataformas.
La iniciativa es la 24.500, impulsada por la frenteamplista Sofía Guillén.
En concreto, reforma el artículo 18 del Código de Trabajo para que, en las actividades de reparto mediante plataformas a favor de otras personas, físicas o jurídicas, exista la figura de “contrato individual de trabajo”.
Actualmente, todas las personas que trabajan bajo esa modalidad, lo hacen de forma “independiente”.
Sin embargo, estudios han hecho énfasis en que esta modalidad de trabajo conlleva a una situación de “hiperdependencia” en la que los repartidores están subordinados a estándares rígidos con la empresa: Si bien la plataforma establece la posibilidad de la subcontratación, las disposiciones contractuales de la empresa impiden que la persona repartidora goce de libertad para pactar libremente con un tercero.
Las personas, señala Guillén, se encuentra en condiciones laborales similares a las personas que trabajan en el sector informal, por lo que darles un “contrato de trabajo” otorgaría un trabajo medianamente decente.
“Hay una necesidad de brindar una regulación al trabajo en plataformas digitales de reparto, pues si bien se tilda a las personas repartidoras como ‘trabajadores independientes’, la relación subyacente es una verdadera relación de naturaleza laboral con la empresa. La introducción de una presunción de laboralidad en las actividades de reparto que se prestan en beneficio de personas, físicas o jurídicas, que gestionan su actividad a través de la figura de la plataforma digital, brinda una mayor protección jurídica a las personas prestadoras de esos servicios, pues podrían disfrutar de los derechos laborales que hasta el momento no les han sido reconocidos (jornada máxima, salario mínimo, vacaciones, aguinaldo, seguro de riesgos de trabajo, seguridad social, entre otros)”, explica la diputada.
El texto pasará a Plenario. En caso de votarse en dos debates, pasará a Casa Presidencial para convertirse en Ley de la República.
