La Iglesia Católica alzó la voz frente a los recientes “Acuerdos Migratorios” impulsados por el Gobierno con los Estados Unidos y lanzó una advertencia directa: ninguna decisión en esta materia puede pasar por encima de los Derechos Humanos ni de la dignidad de las personas migrantes.
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En un pronunciamiento oficial, la jerarquía eclesial fijó posición dejando claro que la respuesta del Estado no puede reducirse a criterios de control o conveniencia política o ideológica.
“El país debe mantenerse fiel a su tradición de respeto a los derechos humanos y hospitalidad”, señala el documento.
Por otra parte, la Iglesia no rechaza de plano los acuerdos, pero sí establece condiciones firmes sobre su aplicación. En su mensaje, advierte que cualquier política migratoria debe garantizar, sin excepciones: El respeto irrestricto a los Derechos Humanos, condiciones dignas de acogida para las personas migrantes, el principio de no devolución en casos de riesgo, acceso a servicios básicos y protección efectiva, además de políticas inclusivas que reconozcan la diversidad
Estos elementos, subraya, no son negociables ni pueden quedar supeditados a decisiones coyunturales.
Más allá de lo técnico, el pronunciamiento coloca el debate en un plano ético. La Iglesia insiste en que la migración no puede abordarse únicamente desde la seguridad o la administración estatal, sino desde una perspectiva centrada en la persona.
Las poblaciones migrantes, recuerda, suelen encontrarse en condiciones de alta vulnerabilidad, marcadas por la pobreza, la violencia o la falta de oportunidades, lo que obliga a los Estados a actuar con responsabilidad reforzada.
En esa línea, retoma el llamado constante del papa Francisco a no deshumanizar la política migratoria, advirtiendo que detrás de cada flujo hay historias, familias y vidas en riesgo.
El mensaje también interpela de forma clara al Gobierno, al que le recuerda su responsabilidad de actuar en coherencia con la trayectoria histórica de Costa Rica como defensor de los derechos humanos.
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La Iglesia advierte que ese legado no puede debilitarse por decisiones políticas o acuerdos que, en la práctica, puedan comprometer la protección de las personas migrantes.
Aunque el tono del documento es pastoral, su contenido tiene una clara lectura política. La Iglesia entra de lleno en el debate sobre la política migratoria del Gobierno, marcando límites y estableciendo criterios sobre cómo deben gestionarse estos acuerdos. La advertencia no es menor: plantea que el país no puede sostener un discurso internacional de derechos humanos mientras adopta decisiones que puedan contradecir esos principios.
El pronunciamiento también extiende el llamado a la sociedad costarricense, instando a mantener una actitud de acogida, solidaridad y respeto hacia las personas migrantes. El cierre del documento resume el fondo del mensaje: la política migratoria no puede desligarse de la ética ni de los derechos humanos.
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