George Rodríguez EP. Las recientes sanciones del gobierno de Estados Unidos a la empresa estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) se extienden a la igualmente petrolera Alba de Nicaragua SA (Albanisa), informó el asesor presidencial estadounidense de Seguridad, John Bolton.
“Al sancionar a Pdvsa, Estados Unidos también ha sancionado a Albanisa de Nicaragua, el emprendimiento conjunto del gobierno (nicaragüense) con Pdvsa y fondo ilícito del corrupto régimen de Daniel Ortega”, escribió Bolton, el miércoles, en la red social Twitter.
El funcionario aludió así, respectivamente, a la principal empresa venezolana y a la empresa privada mixta nicaragüense que es propiedad de Pdvsa -51 por ciento- y de la estatal Empresa Nicaragüense del Petróleo (Petronic) -49 por ciento-.
A su vez, Albanisa constituyó el mecanismo de ingreso de Nicaragua en la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba), bloque regional latinoamericano y caribeño que, promovido por Cuba y Venezuela, fue creado en 2004.
El asesor presidencial reafirmó, además, en otro tuit, el planteamiento de diferentes jerarcas del gobierno de Trump en el sentido de que, por la vía de las sanciones a Pdvsa se procura proteger los recursos de Venezuela, para que no sean ilegalmente apropiados por Maduro y sus allegados.
“Estados Unidos sigue trabajando para asegurarse de que los beneficios económicos de los recursos de Venezuela no sean hurtados por Maduro y sus compinches”, y tuiteó que, también el miércoles, desarrolló una “muy productiva reunión esta tarde con miembros del equipo ejecutivo de Citgo”.
El funcionario hizo así referencia a la Corporación Petrolera Citgo (Citgo Petroleum Corporation), filial de Pdvsa en Estados Unidos con sede en la sureña ciudad de Houston.
Creada en 1965, Citgo es, además, la mayor filial de Pdvsa fuera del territorio venezolano.
La confrontación que mantienen los gobiernos estadounidense y venezolano llegó a un nuevo punto culminante cuando, el 23 de enero, del diputado opositor Juan Guaidó, se autoproclamó presidente interino de Venezuela, y fue inmediatamente reconocido por la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo que hizo que Maduro anunciara la ruptura de relaciones diplomáticas.
Respecto a la medida contra PDVSA, Maduro reaccionó con el anuncio de medidas legales y políticas para contrarrestarla.
Venezuela registra, hace años, una crisis socioeconómica, política, y de seguridad que ha generado el éxodo que, de acuerdo con diversos cálculos, han emprendido por lo menos tres millones de personas quienes, vía terrestre, se han desplazado a países sudamericanos tales como los limítrofes Brasil y Colombia, lo mismo que a otras naciones del área, tales como Ecuador Perú.
Además de la represión antiopositora por parte del régimen madurista, los migrantes denuncian, entre otros factores causantes del éxodo, la masiva escasez de alimentos básicos y medicinas, el marcadamente bajo poder adquisitivo de los salarios, y la generalizada falta de oportunidades.
El gobierno de Trump también mantiene una confrontación con el régimen del presidente Nicaragüense, Daniel Ortega.
En este contexto, Estados Unidos ha sancionado a altos funcionarios y ex funcionarios nicaragüenses –incluida la esposa de Ortega y actual vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo-, al señalarlos como responsables de actos de corrupción y de violaciones a los derechos humanos.
Nicaragua registra una violenta crisis sociopolítica que, estallada el 18 de abril, ha cobrado centenares de vidas, generado miles de heridos, detenidos, y desaparecidos, dañado en gran escala a la economía nacional, y determinado que miles de nicaragüenses emigren, principalmente hacia la limítrofe Costa Rica -donde más de veinte mil personas han solicitado refugio-.
La represión policial y parapolicial antiopositora ha pasado de ser masiva -contra actividades opositoras públicas-, a constituirse en principalmente selectiva -mediante la captura y la desaparición de opositores quienes son blanco de búsqueda individual-.
Medios de comunicación y periodistas independientes y organizaciones no gubernamentales –particularmente las defensoras de los derechos humanos- han sido objetivos recientes de esa modalidad represiva.
Los gobiernos respectivamente presididos por Ortega y Maduro (Venezuela) son permanentemente objeto de condena lo mismo de sectores nacionales que de la comunidad internacional, contexto en el cual son definidos como dictaduras.
