Aarón Chinchilla EP. | Los diputados de la República aprobaron el proyecto 20.929, el cual pretende mejorar las alianzas público-privadas y los tiempos en ejecución de obra pública e infraestructura.
En segundo debate y con 39 votos a favor y uno en contra, los legisladores dieron trámite afirmativo al proyecto de “Fortalecimiento de Modelos Eficientes de Asocio entre el Sector Público y Privado para el Desarrollo de Obra Pública” de la diputada liberacionista, Silvia Hernández, el cual, permite impulsar mecanismos de financiamiento en infraestructura pública y además, mejorar el modelo de gestión para desarrollar obra de manera más eficaz y de largo plazo en el país.
Asimismo, se permite que las instituciones públicas se puedan asociar al Consejo Nacional de Concesiones (CNC), para “posicionar al país como destino de inversión”, a través del impulso de cartera de proyectos a nivel internacional y procesos de licitación más competitivos.
Bajo ese esquema, se permitiría a inversionistas privados, pagar un monto inicial por el derecho a operar obra existente, a la vez que asume la responsabilidad de gestionar la mejora, operación y mantenimiento de la obra por un plazo determinado. De esa forma, se “garantizaría contar con infraestructura en óptimas condiciones, mientras el Estado ahorra los costos de mantenimiento y genera nuevos recursos, que pueden ser reinvertidos en proyectos estratégicos que tengan impactos en comunidades aledañas a la obra optimizada”.
“Me siento muy satisfecha de que los diputados y diputadas hayan visto los beneficios que contiene esta reforma a la Ley de Concesiones. Costa Rica necesita avanzar en el tema de infraestructura garantizando la estabilidad jurídica y reglas claras en el sector. La infraestructura es clave y urgente para nuestra competitividad, pero la solución pasa por reformas como la que se ha aprobado, que nos permitirá avanzar sostenidamente con una visión de largo plazo (…) Este cambio en la ley pone sobre la mesa de discusión una propuesta para atender las necesidades de inversión en infraestructura en un contexto de restricciones fiscales, brindando al país una herramienta viable e innovadora para potenciar la competitividad económica y la calidad de vida de sus ciudadanos en modelos de asocio entre el sector público y privado.
Igualmente, se contempla un fondo de preinversión de obras, el cual, para su creación, trasladará únicamente durante 10 años, un 2% de lo recaudado por el impuesto del derecho de circulación o derecho al ruedo, que hoy genera cerca de $300 millones por año. Esto equivale a aproximadamente $6 millones anuales para engrosar el fondo.
Estimaciones señalan que, con la aprobación, proyectos claramente identificados como: San José – Cartago, San José – Limón, Ampliación de Ruta 27, Tren Rápido de Pasajeros e incluso San José – San Ramón podrían desarrollarse bajo esta figura de alianza público-privada.
A partir de ahora, la ley deberá ser firmada por el Poder Ejecutivo y ser publicada en el medio oficial La Gaceta para su aplicación.
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