Aarón Chinchilla EP. | Alcides Parajeles, ambientalista y premio nacional Guayacán, ha señalado que en el cantón de Osa, Puntarenas, se realizan actividades de cacería ilegal.
Tales denuncias han generado que presuntas bandas criminales ligadas al narcotráfico, tráfico de vida silvestre y grupos de “monteadores” hayan atentado contra su vida y pertenecias personales.
Según trascendió, Parajeles ha trabajado por más de cuatro décadas en defensa del ambiente y la vida silvestre en la zona sur. No obstante, ha denunciado cacería furtiva que lo ha enfrentado contra mafias del crimen organizado. Ante tal situación, Parajeles visitó la Asamblea Legislativa para a denunciar las amenazas de muerte que ha sufrido y exigir mayor presencia del Estado para proteger los ecosistemas de la zona.
En conferencia de prensa con los diputados Paola Vega (PAC) y José María Villalta (FA), el ambientalista hizo un llamado al MINAE e instituciones responsables de velar por la protección del medio ambiente para que refuercen su presencia en la zona sur.
“Vengo a la Asamblea Legislativa para denunciar las anomalías que están pasando en zona sur. He sido atacado a muerte en muchas ocasiones. He sabido que me cierren a balazos, amedrentándome (…) En la zona faltan autoridades. Una vez mataron a un jaguar y llamé a las autoridades del MINAE y no llegaron porque no había personal y tengo papelitos para comprobrar la situación. Yo me tuve que enfrentar a los cazadores y me cerraron a balazos. Son gente de la zona, cazadores, y monteadores conocidos además de narcotraficantes.”, señaló Parajeles.
Panorama Difícil para conservacionistas
La Federación Ecologísta de Costa Rica, Bloque Verde y distintos sectores ambientalistas han señalado que los ambientalistas tienen un panorama díficil en sus trabajos de conservación de la vida silvestre.
Desde 1998 no se abren nuevas plazas para guardaparques. Por tanto, ha crecido la crecería furtiva ilegal indiscriminada y saqueo de la flora. Estimaciones señalan que se necesitan 800 plazas con rango de Guardaparques, así como su equipamiento, para atender dicha situación. No obstante, la mayoría de recursos del SINAC son invertidos en la atracción y atención de turismo dentro de los Parques Nacionales.
Según datos de FECON, en Costa Rica se registran al menos 12 asesinatos, más de 24 atentados y otras 25 amenazas directas y unas 22 demandas contra activistas ambientales y ecologistas. Por otra parte, entre 2015 y 2016, se reportaron 5723 denuncias de violaciones a la ley forestal de estas sólo 1299 fueron interpuestas como denuncias formales en instancias judiciales. Es decir, más de una quinta parte de los delitos ambientales de nuestro país no fueron resueltos o quedaron en impunidad.
Ante tal situación, los ambientalistas solicitan que la Asamblea Legislativa ejecute una una reforma a la “Ley a favor de la protección de activistas de los Derechos Humanos”, Ley N.° 1594, la cual buscaría que que a quien mate a una persona defensora o activista en amparo y promoción de los derechos humanos se impondrá prisión de veinte a treinta y cinco años.
Asimismo, se contemplaría la pena de prisión de cuatro a diez años a quien prive a otro de su libertad personal un defensora o activista en amparo y promoción de los derechos humanos.
