Por el Dr. Bernardo Aguilar González, Presidente Parlamento Cívico Ambiental, Vicepresidente de la Asociación Artes-Justeco
Costa Rica ha construido, durante décadas, una reputación internacional como país líder en conservación y sostenibilidad.
Sin embargo, esa imagen hoy convive con una realidad mucho más incómoda: debilitamiento institucional, retrocesos regulatorios, conflictos territoriales crecientes y una democracia ambiental cada vez más frágil. Esta no es una percepción ideológica, sino un diagnóstico ampliamente documentado por el Informe del Estado de la Nación, particularmente en su capítulo ambiental más reciente
En este contexto, resulta insuficiente evaluar las propuestas ambientales de los partidos políticos a partir de discursos generales o compromisos simbólicos. La pregunta central de cara a las elecciones del 2026 no es quién “habla mejor” del ambiente, sino quién está dispuesto a enfrentar las causas políticas y estructurales del deterioro socioambiental del país.
El análisis técnico comparativo reciente de los programas de gobierno de trece partidos políticos, basado en una matriz de 50 indicadores ambientales ponderados y contrastado con el diagnóstico institucional del Estado de la Nación, permite observar con claridad una verdad incómoda: no todas las propuestas ambientales son equivalentes, ni todas responden a la crisis que vivimos
Los resultados muestran un panorama profundamente estratificado.
En el nivel más alto se ubican tres partidos: Frente Amplio, Coalición Agenda Ciudadana y Liberación Nacional. Dos fuerzas políticas —el Frente Amplio y la Coalición Agenda Ciudadana— no solo presentan propuestas ambientales sólidas, sino que reconocen que la crisis ecológica actual es, ante todo, una crisis de gobernanza.
Ambas plantean reformas profundas y más radicales que integran justicia ambiental, fortalecimiento institucional, planificación territorial, democracia participativa, protección del agua, transición energética y ratificación del Acuerdo de Escazú.
No se trata de ajustes administrativos, sino de una transformación del modelo de gestión ambiental del país.
El Partido Liberación Nacional plantea una propuesta técnicamente robusta y ambiciosa en materia climática, hídrica, energética, de mecanismos financieros verdes, alternativas al extractivismo y planificación ambiental. Su enfoque supera con claridad la continuidad administrativa, planteando un enfoque de fuerte reforma progresiva.
No plantea propuestas tan radicales respecto a la participación pública en las decisiones ambientales y la redistribución del poder institucional que se identifican como núcleos del problema.
Sin embargo, sí reconoce la crisis de gobernanza, planteando la recuperación y fortalecimiento de las instancias institucionales como el SINAC. Asimismo, se compromete con la ratificación del Acuerdo de Escazú.
Más abajo en el espectro se concentran partidos que, aunque incorporan mejoras parciales —en agua, energía, residuos o modernización institucional— no logran romper con el statu quo. Sus propuestas evitan los temas más incómodos: la erosión regulatoria, la privatización de las costas, la debilidad en la fiscalización ambiental, la protección de personas defensoras del ambiente y la participación ciudadana efectiva.
El resultado es un ambientalismo funcional, pero insuficiente frente a la magnitud de la crisis.
Finalmente, un grupo reducido pero preocupante de partidos plantea abiertamente agendas regresivas: promoción del extractivismo, debilitamiento institucional y desregulación ambiental.
Estas propuestas no solo ignoran el diagnóstico nacional, sino que profundizarían las vulnerabilidades que hoy amenazan la seguridad hídrica, la biodiversidad y la cohesión social del país. Estas propuestas se ubican en los programas de Nueva República, Integración Nacional y Pueblo Soberano.
La lección es clara. La crisis ambiental de Costa Rica no se resolverá con slogans verdes ni con eficiencia administrativa aislada.
Requiere decisiones políticas que fortalezcan la institucionalidad, redistribuyan el poder territorial, protejan los derechos humanos ambientales y asuman que la sostenibilidad es inseparable de la democracia.
De cara al proceso electoral, el electorado tiene ante sí algo más que una elección de estilos o liderazgos. Está en juego la capacidad del país para enfrentar una crisis que ya no es futura, sino presente.
Los programas de gobierno, analizados con rigor, muestran quiénes están dispuestos a gobernar esa realidad y quiénes prefieren ignorarla. En esta elección, el país decidirá si su contrato social continúa en el camino hacia la consolidación o no de una democracia ecológica.
Alonso Mejía.
