Allan Madriz | EP. El gobierno de Panamá ganó un arbitraje internacional al excandidato presidencial del Partido Liberación Nacional, Antonio Álvarez Desanti, por las disputas de unas tierras ubicadas en una reserva indígena panameña.
La noticia la dio a conocer la firma internacional Hogan Lovells, quien mediante un comunicado de prensa informó que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), del Banco Mundial, dio la razón al Estado panameño en una disputa que inició hace más de tres años por inversionistas de Costa Rica, incluyendo Álvarez y Marín Corporación S.A.
La empresa de Desanti presentó una demanda por medio de Desarrollo Turístico Cañaveral S.A. (Decsa), alegando que Panamá expropió y no otorgó un trato justo y equitativo, tras su inversión en un proyecto hotelero y residencial de ecoturismo multimillonario ubicado en una playa remota en una reserva indígena panameña.
Desanti solicitó US $100 millones, por daños morales, tarifas y costos; sin embargo Panamá sostuvo que los reclamantes adquirieron sus inversiones a través de una serie de transacciones fraudulentas, en violación de las leyes panameñas e internacionales.
“Esta es una decisión importante que sienta precedentes en el arbitraje de tratados de inversión… Decir que estamos complacidos es un eufemismo, y estamos agradecidos de que el Tribunal le haya otorgado a nuestro cliente una audiencia tan justa”, indicó Daniel E. González, parte del equipo de arbitraje internacional de Hogan Lovells.
El Estado de Panamá, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, contrató a la firma de abogados Hogan Lovells, por $1.8 millones para enfrentar la demanda interpuesta por el costarricense.
Antecedentes
El caso se remonta a 2010, cuando Álvarez Desanti adquirió unos terrenos en suelo panameño, que según medios de ese país, fueron comprados preliminarmente por una abogada de nombre Evisilda Martínez por $200 mil y posteriormente vendidos al costarricense por “varios millones de dólares”.
Posteriormente, Decsa adquirió ante notario de Panamá las fincas que forman parte del humedal Damani-Guariviara y en las que debía asentarse el proyecto ecoturístico.
Tras un escándalo en Panamá para el año 2013, la Autoridad Nacional de Administración de Tierras, decidió cambiar la ubicación original (en el humedal Damani-Guariviara, en la reserva Ngäbe Buglé) de dos de las fincas adquiridas por Decsa, lo que provocó la demanda de Álvarez Desanti.
Según informó en el aquel momento, La Prensa de Panamá, este humedal es el quinto de importancia internacional que tienen los panameños y ahí era donde el costarricense deseaba construir el hotel y proyecto ecoturístico.
